“La formulación del presupuesto institucional es el resultado de un esfuerzo de los órganos que componen el Poder Judicial para definir las prioridades y no desmejorar la atención en el servicio público”, señaló un comunicado oficial.

Según la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva, el crecimiento del gasto para el próximo año es solo la mitad del año pasado, lo que a su juicio demuestra los esfuerzos de contención del gasto.

Sin embargo, afirmó que no es posible acatar la directriz de ajustarse a un presupuesto que no supere los 414.000 millones de colones porque esto implicaría “un decrecimiento” y “el incumplimiento de obligaciones contraídas en alquileres y proyectos de construcción en marcha que son fundamentales para la institución”.

Villanueva dijo que la inflación prevista para este año (1,94%) más el ajuste anual de 15% en los alquileres representan un incremento de  5.000 millones de colones, lo que obliga a un incremento superior al previsto por Hacienda.

Tampoco es posible –dijo- paralizar la ejecución de proyectos de ampliación en construcciones como:  reforzamiento del edificio de la Corte, terminar una torre en el Circuito Judicial de Limón, continuar con el edificio en Jicaral, ampliación en Ciencias Forenses y la  Delegación del OIJ en Pococí, así como la construcción de edificios  en Osa y Los Chiles.

 

 

 

Reformas procesales y leyes especiales

 

 

Aparte del presupuesto por 424.527 millones, el Poder Judicial pide a los diputados que aceleren la aprobación de los siguientes recursos adicionales:

 

- 9 mil millones para implementar los cambios normativos aprobados que fueron producto de un acuerdo nacional.

 

-10.000 millones para la construcción de un edificio. 

 

-1.815 millones para la creación del sistema de alerta ante la desaparición o sustracción de menores.

-3.500 millones para la creación de una jurisdicción especializada en crimen organizado y narcotráfico.