El informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor (2008), nos dice que una parte considerable de las personas adultas mayores vive en hogares en condición de pobreza. La composición se caracteriza por mayor cantidad de niños y niñas, menor cantidad de miembros en edad para trabajar, menores ingresos, bajo nivel educativo, desempleo, hacinamiento y carencia de servicios básicos.
Estamos frente a un problema social y estructural del cual el Estado, ha mostrado incapacidad de resolver, para garantizar asistencia y mejores condiciones a las personas adultas mayores y a sus cuidadores.
Ésta penalización, desliga al Estado de su obligación de mejorar las condiciones de vida de las personas y de erradicar la pobreza, y en su lugar traslada la responsabilidad a las familias y personas cuidadoras.
No se considera, la situación real de muchas mujeres, que sobrellevan de manera desproporcionada múltiples responsabilidades, atención del hogar, cuido de personas menores de edad, atención y cuido de sus mayores y que por esas circunstancias enfrentan limitaciones laborales y bajos ingresos para alcanzar la canasta básica de alimentación y satisfacer necesidades particulares de la persona mayor.
Se invisibiliza la marginación social y las condiciones de vulnerabilidad tanto de la persona mayor como de la persona cuidadora, que carga muchas veces, una historia familiar de violencia y malos tratos, cansancio físico y mental, por la imposibilidad de encontrar apoyo familiar, del Estado o de la comunidad.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ratificada por Ley Nº 9394, establece una responsabilidad tripartita para el cuido y atención de las personas mayores ( familia, Estado y Comunidad), es un cambio de paradigma que históricamente recaía exclusivamente sobre la familia.
Obliga a los Estados Parte, a brindar servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria, para evitar el aislamiento o separación de la persona adulta mayor de su familia.
La problemática del abandono de las personas mayores, es una realidad alarmante que afecta la vida digna de muchas personas mayores, pero es evidente, que la ruta del dictado de leyes emergentes que penalizan una conducta, no es la forma de mejorar las condiciones de vida de ésta población.
Tipificar como delito, es la escapatoria de la parte de responsabilidad del Estado, de buscar una solución social, para prevenir escenarios de abandono y reafirma la violencia estructural hacia poblaciones en condición vulnerable.
