La medida se considera como un paso certero para impedir las estafas y chantajes que cometen algunos reos desde las cárceles.

“Enfrentamos nuevos desafíos ante los cambios en las condiciones que generan las actividades ilegales, pero estamos respondiendo con nuevas herramientas, con acciones decididas y la participación de todos los sectores de la sociedad. Esta ley que hoy firmamos es un ejemplo de esta voluntad”, expresó el mandatario tras estampar su firma sobre el documento.

La ministra a.i. de Justicia, Isabel Porras, afirmó que “esto es un avance en la lucha contra la delincuencia desde el interior de los centros penitenciarios, una herramienta más que nos ayudará en la lucha por una mejor seguridad para la ciudadanía”.

A partir de esta fecha, los operadores de telecomunicaciones tendrán nueve meses para adaptar soluciones tecnológicas que les permitan cumplir con la normativa. Una comisión integrada por representantes de los ministerios de Justicia y Paz, Seguridad, y Ciencia y Tecnología, lideran el proceso para la redacción del reglamento.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), del 2014 al 2016 se presentaron desde los centros penitenciarios 613 delitos de timo y 354 de estafa. Esto a pesar de que, en los últimos años, la Policía Penitenciaria aumentó los procedimientos y requisas para decomisar teléfonos celulares en las cárceles: se pasó de 3.268 aparatos decomisados en 2015 a 3.589 en 2017.