Foto: Presidencia de Nicaragua. Daniel Ortega con funcionarios de gobierno durante el acto del 15 de septiembre.

El presidente Daniel Ortega afirmó, en su discurso del Día de la Independencia, que la orden de instaurar la pena de cadena perpetua en Nicaragua está dirigida a castigar a la oposición azul y blanco, a quienes llamó “criminales”, “cobardes”, “terroristas”, “hijos del demonio”; que merecen ser “castigados” con penas mayores por sus “crímenes de odio”.

La represión estatal y paramilitar desatada por Ortega y su esposa y vicepresidente Rosario Murillo contra la protesta cívica que inició en abril de 2018, provocó, más de 300 asesinatos, miles de heridos, más de 700 presos políticos, de los cuales quedan 90 en las cárceles, y 100 000 exiliados. Sin embargo, el mandatario de 74 años alegó que, quienes se oponen a su régimen “se sienten intocables” porque cuentan con el respaldo de los Estados Unidos y porque, en julio de 2019, fueron excarcelados los presos políticos tras la aprobación de la Ley de Amnistía. “Pero ya no habrá otra amnistía… y para eso están las leyes, para castigar, para sancionar, no por lo que digan sino por lo que hacen”, sentenció.

Es por esa razón que “hay que fortalecer el Sistema Judicial y hay que instalar penas mayores, para crímenes de odio”, valoró. También, afirmó que “los crímenes de odio están siendo sancionado en todas partes del mundo y aquí no vamos a hacer la excepción”.

Ortega apuntó que “muchas familias” le han solicitado “aplicar la pena de muerte a estos criminales”. Luego, recordó que la pena de muerte está prohibida en los convenios internacionales que el país ha suscrito, aunque los organismos de derechos humanos han denunciado decenas de casos de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas a policías, militares y paramilitares. “No estamos comprometidos a no aplicar cadena perpetua para los criminales”, subrayó.

VENGANZA POLÍTICA

El director de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), Juan Sebastián Chamorro, valoró que Ortega “dejó bastante claro que la cadena perpetua es para los azul y blanco”.  A criterio de Chamorro, aunque el mandatario señaló como “crimen de odio” el asesinato de dos niñas en el municipio de Mulukukú, también expresó su interpretación de crímenes de odio.

“Lo que él (Ortega) llama crímenes de odio son los incendios y los ataques supuestamente cometidos durante las protestas de 2018, dejando claro la intención de aumentar penas para todas las acciones que él considera deben ser penadas”, estimó Chamorro. “Claramente se está hablando de una mayor amenaza en contra de la oposición azul y blanco”, continuó.

A criterio del jurista, José Pallais, miembro de la Coalición Nacional, las reformas legales propuesta por Ortega para instaurar cadena perpetua en el país son “una violación a los derechos humanos que solo busca incrementar la capacidad de represión, la venganza contra la oposición, la utilización de la justicia en contra de quienes piensen diferente”.

Para Félix Maradiaga, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), si se llegara a instaurar la pena de cadena perpetua y hubiere “justicia de verdad” en el país; entonces, “Daniel Ortega sería el primer candidato a la cadena perpetua”, porque su régimen ha cometido crímenes de lesa humanidad según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También, la poeta y escritora nicaragüense Gioconda Belli dijo que la iniciativa de aplicar cadena perpetua para los “crímenes de odio” en Nicaragua alertó que esa es la figura con la que el régimen se ha referido a los opositores en el marco de la crisis que estalló en abril de 2018.

“Eso de la cadena perpetua en la actual situación, tan cargada de “odio”, es la peor idea. ¿Quién decidirá lo que son crímenes de odio cuando a toda la oposición se le acusa de “odiar”?”, argumentó la escritora en un tuit.

EL FIN SUPREMO

Aunque la posible aprobación de la pena de cadena perpetua es para castigar a la oposición, el fin supremo del régimen de Ortega sigue siendo el mismo: “perpetuarse en el poder y fortalecer su ejercicio de control de la ciudadanía”, subrayó Maradiaga.

Por su parte, Pallais advirtió que los términos utilizados por Ortega son similares a los utilizados por su homólogo venezolano Nicolás Maduro en la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela.

La Ley del Odio venezolana “sanciona a los ciudadanos por hacer uso de su derecho a disentir, cierran cuentas en redes sociales, cierran medios de comunicación, sancionan a los que critican al régimen… y es el único modelo que hace uso de ese término de crímenes de odio”, señaló Pallais.

Chamorro, por su parte, consideró que la amenaza nace de la “frustración” del régimen que “se siente incapaz de poder gobernar” y advirtió que en la medida que la ciudadanía realice acciones de protesta, como la Operación Preso 198 realizada semanas atrás, “veremos a un Ortega más intransigente”.

El interés de Ortega de criminalizar a la oposición “no sorprende”, pero “va en sentido contrario de hacia donde debería ir el país”, dijo Chamorro. El régimen “debería estar buscando una solución a la crisis sociopolítica de una manera democrática y por lo que está hablando, está insinuando más represión”, continuó.

UN RÉGIMEN PROMOTOR DE IMPUNIDAD

Mientras Ortega llama delincuentes a los opositores y los amenaza con penas de cadena perpetua, su régimen ha excarcelado –en los últimos dos años– a más de 20 000 delincuentes que tenían sentencia firme. Esta situación ha causado la percepción de un aumento de la delincuencia en el país, aunque la Policía sostiene que mantiene los niveles de seguridad en los mínimos de Centroamérica.

Nicaragua podría considerarse “el reino de la impunidad”, señaló Pallais. “Es falso que el aumento de la pena juegue un papel preventivo, para disminuir el delito”, eso solo es posible con “la seguridad de la sanción, es decir, combatiendo la impunidad”, subrayó.

Para Maradiaga, la medida de implementar cadena perpetua en Nicaragua es prácticamente inútil porque “de qué sirve aumentar las penas si no hay jueces independientes, cuando no hay una policía independiente y cuando hay –incluso– en el poder una persona que es la encarnación misma de la pedofilia y el abuso”, reflexionó.