Nueva York. Al presentar un informe, el subsecretario de Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Tayé-Brook Zerihoun, condenó el ataque perpetrado este viernes por un grupo palestino al incendiar la Tumba de José en Nablus, Cisjordania, y advirtió sobre las graves consecuencias de convertir el conflicto en uno de carácter religioso.

“Al igual que otros incidentes mortales de las semanas recientes, el Secretario General condena enérgicamente este acto reprobable y solicita que los responsables sean juzgados”.

Zerihoun celebró las declaraciones del presidente palestino “doy la bienvenida a la respuesta del presidente (Mahmud) Abbas y su anuncio de que los hechos serán investigados”, dijo.

Desde hace siglos la tumba de José es venerada por cristianos, judíos y musulmanes.

El subsecretario general informó al Consejo que desde el 1º de octubre, la violencia ha provocado la muerte de siete israelíes y 32 palestinos, además de que 124 israelíes y 1.118 palestinos han resultado heridos en esta nueva escalada de conflicto.

Zerihoun insistió en que la actual crisis no se puede resolver a través de medidas de seguridad, como la demolición de las casas de los acusados de hacer actos terroristas, como ha estado ocurriendo por parte de Israel.

Subrayó también que la ocupación israelí y las cada vez menores perspectivas de un Estado palestino han contribuido a exacerbar la situación.

Durante la sesión del Consejo se escucharon las recriminaciones mutuas de los diplomáticos de Palestina e Israel.

El nuevo embajador israelí, Danny Danon, al hablar a la prensa acreditada, responsabilizó al gobierno palestino de incitar a la violencia y criticó la falta de respuesta del Presidente Abbas a las solicitudes realizadas por el Primer Ministro Netanyahu de reunirse para reanudar las conversaciones de paz.

El observador permanente palestino, Riyad Mansour, por su parte, pidió la intervención del Consejo de Seguridad para poner fin a la agresión contra el pueblo indefenso palestino y a sus lugares sagrados, y señaló que Israel, la potencia ocupante, debe asumir la responsabilidad por las violaciones del derecho internacional y humanitario que comete a diario.