“Vamos a seguir mejorando las reservas de gas que tiene el pueblo boliviano”, proclamó el mandatario Evo Morales cuando se descubrió un gigantesco reservorio de gas. (F:archivo)

Si bien los golpes de estado responden a múltiples causas y de diversos órdenes, es menester visualizar la trama de riquezas e inversiones que están en juego en Bolivia en materia de recursos naturales y de desarrollo científico tecnológico, en un contexto de guerra multidimensional, donde la disputa por los recursos, por la riqueza y por el conocimiento estratégico es cada día más visible.

Bolivia posee la mayor reserva mundial de litio, también llamado oro blanco, uno de los reservorios de agua dulce más grande del planeta y una de las reservas de gas más importante de Latinoamérica.

Este domingo 10 de noviembre se efectivizó el golpe de Estado contra Evo Morales Ayma y a las fuerzas sociales y políticas detrás de su persona, que habían renovado su legitimidad por medio de los votos al obtener el 47% de los votos con una ventaja superior a los 10 puntos sobre el segundo candidato presidencial, Carlos Mesa.

Vale recordar que el movimiento destituyente enlaza a actores internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), el denominado Grupo de Lima y los gobiernos de los Estados Unidos y de Brasil, en alianza con actores locales y las cúpulas de las fuerzas policiales, las fuerzas armadas y las iglesias.

Allí destacan los sectores fascistas alineados bajo los Comités Cívicos Departamentales, representados por el empresario cruceño Luis Fernando Camacho; la derecha tradicional boliviana liderados por Carlos Mesa (exvicepresidente de Gonzalo Sánchez de Losada y coautor de la denominada Masacre del Gas en 2003); y de la nueva derecha como el candidato del Partido Demócratas por Bolivia Oscar Ortiz, ligado al empresariado de Santa Cruz, y su senadora y ahora presidenta autoproclamada, Jeanine Añez.

Mirando la actual puesta en escena, la jugada golpista vino a resolver lo que no pudieron concretar mediante el voto popular. Observando detrás bambalinas, el golpe de Estado vino a romper con la fuerza social constituida en Bolivia a partir del ciclo 2000-2006 y a finalizar lo que no pudieron concretar en el 2009 gracias a la rápida intervención de los países de la región y de los organismos de integración autónomos.

A su vez, ante la emergencia de una nueva correlación de fuerzas regional, evidenciado en el triunfo de Alberto Fernández en Argentina, en las rebeliones populares de Ecuador y Chile y en el surgimiento del progresista Grupo de Puebla, el golpe de Estado es un zarpazo certero de la estrategia neoconservadora que emana desde la Casa Blanca –intermediada por la secretaría general de la OEA-  en la región.

Con ese marco, Bolivia se encuentra en una disputa tanto por el diseño de su orden social y político como por su entramado territorial para el control de la explotación de sus recursos naturales estratégicos. En números, el país sudamericano posee:

Según la última certificación efectuada a 2017, el país cuenta con 10,75 TCF (trillones de pies cúbicos) probados de gas, los que garantizan el abastecimiento a mercados de Argentina y Brasil por 14 años, y el suministro de la demanda boliviana por unos 17 años.

El Salar de Uyuni, que cuenta con 21 millones de toneladas de litio (país con mayor reserva de ese metal en el mundo).

Es uno de los países de mayor oferta de agua dulce por habitante, aproximadamente 50.000 m3 por persona por año, teniendo en cuenta que Bolivia tiene una población aproximada de 11 millones de habitantes. Posee recursos hídricos superficiales y subterráneos y el 49,8% de su frontera con países limítrofes son límites arcifinios acuáticos, fluviales o lacustres.

Bolivia concentra entre el 35 y 46% de toda la diversidad biológica mundial, convirtiéndose en uno de los ocho países más ricos del mundo en biodiversidad.

Construcción de soberanía

Luego de 500 años de explotación y saqueo, el gobierno de Evo dio inicio a un proceso de construcción de soberanía cultural, económica y energética en el país.

La guerra de agua en Cochabamba en los años 2000 y 2005 fue un punto de inflexión en las políticas de privatizaciones de este recurso e inauguró un ciclo de luchas populares por la defensa del agua como derecho humano, derecho reconocido como tal en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada por Evo en 2009.

La nacionalización de los hidrocarburos, a través del histórico decreto supremo 28.701 del 1 de mayo de 2006, y la reactivación de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que asumió el control desde la explotación, producción y comercialización de los hidrocarburos, convirtió a la energía en un derecho humano para todas y todos los bolivianos, siendo este el motor de la actividad económica del país a través del abastecimiento masivo de gas natural a la red a precios competitivos y accesibles.

Este no es un hecho menor por estas horas. Luis Fernando Camacho, jefe de los comandos de civiles fascistas de Santa Cruz proviene de la familia propietaria de la empresa “Sergas” que, previo a la nacionalización de 2006, tenía la concesión para las conexiones de gas domiciliario, un monopolio por el que cobraba entre 1.000 y 1.500 dólares la conexión.

El litio, es considerado un mineral estratégico y crucial para el desarrollo de la electrónica de consumo masivo y por lo tanto necesario para las industrias con mayor grado de desarrollo tecnológico. En 2007, mediante el decreto supremo N° 29.117 se declaró reserva fiscal a la totalidad del territorio nacional.

Mientras, la Ley de Minería y Metalurgia N° 3.720 del mismo año estableció que la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) participará directamente en toda la cadena productiva: prospección y exploración; explotación; concentración; fundición y refinación; comercialización de minerales y metales y administración de las áreas fiscales.

En 2008, el gobierno de Evo Morales declaró prioridad nacional la explotación de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni y diez años después, en abril de 2017, se promulgó la Ley N° 928 que crea la empresa pública nacional Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), bajo tutela del Ministerio de Energías.

Dicha decisión reflejó la estrategia nacional de industrialización del litio en Bolivia, a fin de avanzar en la cadena de valor agregado para llegar a producir las “preciadas” baterías de ion litio.

Para alcanzar dicho objetivo, en 2018 y luego de diversas consultas internacionales, la empresa alemana ACI Systems (ACISA) fue seleccionada como socia estratégica de YLB. Días previos al golpe, más precisamente el 4 de noviembre de 2019, el Gobierno de Bolivia anuló dicho acuerdo, cediendo a las presiones del movimiento cívico del departamento de Potosí.

En un intento de romper con la histórica inserción de Bolivia en el mercado internacional como proveedor de materias primas, el gobierno de Morales no sólo garantizó que sus recursos naturales enriquezcan, en el sentido amplio de la palabra, al pueblo boliviano.

Bajo la concepción de que “el conocimiento es liberación”, a través de una fuerte política  en educación, en ciencia y tecnología en cooperación con actores como China y Rusia, se avanzó con inversiones en innovación, conocimiento, tecnología y desarrollo de áreas estratégicas, de áreas productivas y de servicios, combinando saberes ancestrales y tradicionales en pos de un progreso integral, colectivo, solidario y sostenible en beneficio de las grandes mayorías.

En tal sentido, mientras del 2000 al 2005 la inversión en CyT alcanzó apenas los 2,5 millones de dólares, de 2006 al 2011 la cifra se incrementó en 36 veces, llegando a los 89,4 millones de dólares, dando un salto a 280 millones de dólares del 2012 al 2017. 

La actual situación que está atravesando Bolivia requiere de una respuesta regional inmediata, de un rechazo categórico y unánime de los pueblos hermanos al golpe de Estado perpetrado en el país andino, con plena consciencia de que es un ataque a un enclave regional determinante para el despliegue de una región con mayores márgenes de soberanía política, independencia económica y justicia social.

“Estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho a liberarse” afirmó Evo Morales Ayma desde México el 12 de noviembre. En ese marco, la lucha sigue.

* Di Lorenzo es Licenciada en Relaciones Internacionales argentina (UNICEN) y maestranda en Cooperación Internacional (UNSAM). Malinovsky es Ingeniero Electricista argentino (UNRC) y maestrando en Gestión de la Energía (UNLa) y miembro del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz. Ambos, investigadores del Observatorio de Ciencia y Tecnología asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE-FILA www.estrategia.la).