Por eso, me extrañó sobremanera el editorial del 13 de diciembre relativo al levantamiento del veto a la Reforma Laboral Procesal.

No recuerdo haber leído antes un comentario tan destemplado, iracundo e irreflexivo, ni tan irrespetuoso con la investidura del presidente de la República.

Al decir del editorialista, el país está gobernado por un mimo cínico, dígase por un payaso embustero, que utiliza los poderes constitucionales de la Presidencia para montar “pantomimas”; es decir, para hacer simulaciones desvergonzadas y mentir con descaro en defensa de acciones reprochables.

Como ministro de la Presidencia y firmante del decreto que enojó tanto a La Nación, no puedo pasar por alto epítetos tan injustos y desafortunados, ni actitud tan desmesurada e impropia. Una omisión tal podría ser malinterpretada. Hasta pudiese creerse que no leo sus editoriales o, peor aún, que no me importa la confusión a que puedan ser arrastrados sus lectores.

Respecto del nuevo Código Procesal Laboral, puede tomarse la posición que queramos, según seamos patronos, trabajadores o simples ciudadanos de una nación que ha sabido construir su paz social a partir de una clara adhesión a los valores de la libertad, la justicia y la solidaridad. Lo que no se vale es descalificar e injuriar al que asuma una posición contraria a la nuestra.

Este es un Gobierno de diálogo: respetuoso, paciente y tolerante en la discusión con los demás actores políticos, pero firme, absolutamente firme, a la hora de tomar sus decisiones.

Nadie debe sorprenderse de que hayamos levantado el veto al Código Procesal Laboral. Sin duda alguna, esta es la reforma legal más importante introducida al Código de Trabajo desde su promulgación en 1943 y, lo más importante, es producto del más amplio consenso político y social que los costarricenses hayamos sido capaces de construir en largo tiempo, aunque al final poderosas fuerzas económicas hayan querido abortarlo.

No juzgamos los motivos o intenciones con que la expresidenta Laura Chinchilla vetó parcialmente la ley en agosto del 2012, después de haberla anunciado a la OIT como una conquista histórica de nuestro país. Empero, lo cierto es que han transcurrido más de dos años y la Asamblea Legislativa no ha decidido si la resella, la archiva o la modifica para prohibir las huelgas en los servicios públicos esenciales, que fue la excusa formalmente invocada para no sancionarla.

Digo “excusa” porque en los múltiples diálogos que sobre el tema mantuve durante las últimas semanas con todas las fracciones legislativas, en algunas de ellas, incluida la del PLN, observé un claro empecinamiento por impedir que el nuevo Código Procesal Laboral entre a regir tal cual fue aprobado en el 2012, aun introduciéndole una “contra-reforma” para prohibir las huelgas en los servicios públicos esenciales.

La verdad es una y el país la conoce. Se opusieron a prorrogar el plazo por cuatro años más para que continuara la discusión legislativa del proyecto vetado, a efecto de discutir su eventual resello o bien sus modificaciones, y también se opusieron a la llamada “vía rápida” para discutir un nuevo proyecto de ley, en trámite desde hace varios meses, que prohíbe las huelgas en la Policía y en los hospitales, entre otros servicios que jamás deben suspenderse, tal como lo reclama la ciudadanía y, por supuesto, lo plantea el Gobierno.

En ese contexto, fuimos obligados a tomar la única medida que era posible para salvar esta importantísima reforma legal: levantar el veto y forzar, ahora sí, a la Asamblea Legislativa a introducirle al nuevo Código Procesal Laboral las modificaciones que se requieran antes de que entre a regir; es decir, en los siguientes 18 meses.

En medio de tanto aspaviento e intolerancia, hay que decirlo con claridad: ese es el único efecto práctico que durante año y medio tendrá el levantamiento del veto, que tanta histeria ha desatado en los círculos que se oponen a la modernización de nuestra legislación laboral.

Repito: lo demás es simple histerismo. Este Gobierno desea una relación franca y armoniosa con las cámaras patronales, pero no dará un trato distinto a los sindicatos de trabajadores. E igual respeto y consideración tendrá también con la prensa, la academia, las iglesias y demás sectores de la vida nacional.

Tal actitud, sin embargo, tampoco significará nunca que sometamos nuestras decisiones a los designios de cámaras, sindicatos, medios periodísticos u otros grupos de presión, porque eso supondría declinar nuestras responsabilidades constitucionales. Si así ocurrió en el pasado, tomen nota todos de que ahora es distinto.

La reciente huelga en Japdeva, donde no permitimos la interrupción de los servicios portuarios, y la denuncia de las convenciones colectivas en esa misma institución, en Recope y en AyA, bastan para probar que el actual Gobierno, lejos de “entregarse a los sindicatos”, como se ha dicho con maledicencia y claro afán de crear un clima de polarización social y política en el país, ha emprendido una cruzada para acabar con los excesos y abusos que otros Gobiernos, por razones todavía no explicadas, consintieron en medio de muchos silencios cómplices.

Creemos en el debate serio y en la discusión razonada; por eso, no vamos a caer en el insulto, aun cuando otros lo hagan. Esa ruta solo conduce al desencuentro y a la insensatez.

No obstante, frente a la diatriba editorial de La Nación, conviene aclarar, al menos, a quien la escribió, si de veras lo creyera, que el presidente de la República ni es un cínico, ni es payaso, ni es un descarado, y tan solo cumple con las responsabilidades que la ciudadanía le encomendó y la Constitución le impone, siendo fiel, además, a su compromiso de gobernar en beneficio de los más ébiles. 

(Melvin Jiménez es ministro de la Presidencia)