El jefe del Ministerio Público, Jorge Chavarría, hizo el anuncio en una conferencia de prensa. Según el funcionario, el retraso de la investigación –que duró unos 5 años- se debió a la falta de recursos que enfrenta la institución.
Los acusados son 18 empresarios, tres funcionarios de nivel medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), 3 personas que se hicieron pasar como inspectores y las esposas de dos empresarios.
De acuerdo con Chavarría, en la mayoría de los casos el mecanismo usado para sustraer el dinero fue la simulación de alquiler de maquinaria.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pudo determinar que una misma máquina era alquilada al MOPT para realizar trabajos al mismo tiempo en diferentes puntos de la ruta Juan Rafael Mora (popularmente conocida como Trocha). En algunas ocasiones, se cobró el alquiler de equipo que estaba fuera del país.
La obra, proyectada en 20.000 millones de colones, se estancó luego de que estallara el escándalo por la desviación de fondos y actualmente se encuentra abandonada.
A raíz del escándalo, la presidenta Laura Chinchilla destituyó a su ministro Francisco Jiménez, por ser el responsable político del proyecto. Sin embargo, el Ministerio Público no encontró motivo para acusar a ninguno de los altos funcionarios del gobierno de Chinchilla por la millonaria defraudación.
