Conservadores de los sectores políticos y religiosos, recrudecieron sus acciones para evitar que el presidente Alvarado firme el documento. En el Congreso las fuertes presiones se tradujeron en una solicitud que será aprobada por el Plenario el lunes próximo, para pedir al Mandatario se abstenga de “emitir o ampliar vía decreto, interpretación, regulación, protocolo, reforma legal o cualquier norma en relación al aborto impune”.
La propuesta de los diputados es una reacción al anuncio que hizo el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, el martes anterior, de que el presidente Alvarado firmará la norma técnica sobre aborto terapéutico en el transcurso de este 2019.
Por el contrario, las diputadas de la bancada oficialistas recordaron que la firma de la norma técnica es una promesa de campaña pero además, lamentaron que los argumentos de los legisladores conservadores que combaten con tanta fuerza cualquier tipo de aborto se basan en “conceptos científicos errados” y en el desconocimiento de las normas vigentes.
De los veinticuatro diputados firmantes, 22 son de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN), Republicano Social Cristiano (PRSC), del bloque independiente Nueva República, más otros dos del Partido Liberación Nacional (PLN).
La norma técnica sobre aborto terapéutico es una directriz para regular la aplicación del aborto impune establecido en el artículo 121 del Código Penal desde 1986, según el cual “no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre”.
La diputada del PAC, Paola Vega, aseguró que la moción es un reflejo del “desconocimiento de la separación de poderes”, pues la Asamblea Legislativa no está vinculada a cuestiones técnicas como la norma desarrollada por el Ministerio de Salud.
Vega también afirmó que su análisis de este acto no es más que una demostración de la ignorancia sobre el tema por la aplicación de “conceptos científicos errados”; así como “falta de lectura de las normas vigentes”.
También cuestionó que se utilizaran argumentos religiosos y el hecho de que la moción —promovida por la coordinadora del Grupo Parlamentario de Mujeres, Shirley Díaz— fuera defendida incluso por Pedro Muñoz: “un hombre para hablar de nuestros derechos”.
En medio de una serie de citas bíblicas e información científica dudosa, la diputada del PAC, Catalina Montero, afirmó en redes sociales lo que para nadie es una sorpresa, que es un compromiso de campaña la firma de la norma técnica sobre el Aborto Terapéutico, que es, aclaró, “precisamente lo que se anunció que se va firmar el lunes.”
El Estado costarricense está obligado a implementar el aborto terapéutico a partir de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, sobre la demanda de dos mujeres conocidas como Ana y Aurora, quienes demandaron al Estado de Costa Rica después de ser obligadas a sobrellevar embarazos inviables, por la ausencia de un protocolo para que los médicos pudieran acceder a aplicar abortos en este tipo de situaciones.
Ana y Aurora tuvieron que llevar a término sus embarazos y parir, sabiendo que sus bebés nacerían muertos, una experiencia traumatizante e insegura, que puso en grave riesgo sus vidas, según las consideraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
