La decisión frustra por el momento el doble propósito de las autoridades de resolver tanto la dispersión de los servicios como los altos costos de los  alquileres que ascienden a una suma cercana a los 11 millones de dólares anuales.

La Contraloría basó su resolución en tres situaciones que causarían la ilegalidad del acto.

Una de ellas es que el Ministerio de Hacienda incorporó el monto para cubrir la compra en el presupuesto ordinario de 2015, por lo que “no cuenta con los recursos disponibles para dicha compra en este momento”.

El organismo señala que toda contratación debe contar con los recursos presupuestarios suficientes y disponibles para amparar las erogaciones, según lo determina el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa.

Otra limitación es que el inmueble se encuentra afectado por una anotación registral y un gravamen o afectación, que no se especifica en el informe, y la ley establece claramente que las instituciones públicas solo pueden adquirir edificios que estén totalmente libres de afectaciones.

Finalmente, la Contraloría señala que Hacienda presentó un estudio de mercado que no incluye costos de inmuebles similares y que “para la elaboración de ese estudio no se hizo publicación que permitiera recbar información de posibles inmuebles con características como las pedidas por el Ministerio de Hacienda”.