Cualquier intento de explicar este resultado puede ser motivo de controversia, pero hay factores que a mi juicio no pueden dejar de mencionarse, sin perjuicio de otras interpretaciones posibles. Dichos factores se pueden clasificar en tres tipos, según su origen: el gobierno de Carlos Alvarado; la incompetencia del partido y el imponderable de la pandemia.

En relación con lo primero, es importante recordar que el Partido Acción Ciudadana nació a la vida política, hace 20 años, con una promesa de combatir la corrupción y de enderezar el rumbo neoliberal que el bipartidismo PLN-PUSC le venía marcando al país. En tal sentido, el PAC logró avanzar y posicionarse como una esperanza de reivindicación para las clases medias trabajadoras, pequeños y medianos empresarios, intelectuales progresistas, entre otros.

No entraremos a analizar si el gobierno de Luis Guillermo Solís cumplió con tales expectativas, pues no es el tema de este artículo, pero es obvio que en 2018, al término de su gobierno, el PAC volvió a elegir presidente.

 Acá nos interesa referirnos a las acciones de la administración del presidente Carlos Alvarado por las que el PAC perdió el respaldo de una gran parte de su base electoral.  Todo empieza en el momento mismo en que Alvarado, en su condición de presidente electo, reparte los cargos de su gabinete y entrega todo el sector económico a personeros de la derecha neoliberal. Rodolfo Piza en el ministerio de la Presidencia, André Garnier como principal asesor, Edna Camacho como coordinadora del equipo económico y Rocío Aguilar en el ministerio de Hacienda. De esta manera, Alvarado ponía las cartas sobre la mesa desde el primer momento.

Y no fue un momento como cualquiera otro, sino aquél en que el país debía abocarse a la búsqueda de una solución impostergable a su enorme déficit fiscal para evitar un daño aún mayor a la economía. Los resultados fueron los que ya sabemos: una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que golpeó a la clase media y al sector trabajador de menores recursos.

En contraste, se decretó una amnistía tributaria para contribuyentes morosos que, por supuesto, favoreció con perdón de intereses y multas principalmente a las grandes empresas.

Es cierto que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas tiene un ingrediente de progresividad, incluyendo cambios que permitieron a las autoridades de Hacienda poner ciertos controles a los grandes evasores. Pero esto no compensa a los sectores medios y bajos de las pérdidas que sufrieron en su capacidad adquisitiva.

La famosa regla fiscal aplicada a rajatabla distanció al gobierno de importantes sectores que le dieron su apoyo electoral, como los empleados estatales, y de voces influyentes como las de las universidades públicas, que recibieron el mismo trato.

No es solo porque Welmer Ramos no fuera contundente en la defensa de los derechos humanos que los sectores progresistas abandonaron al PAC en la pasada campaña electoral, como asegura Ottón Solís, es porque el sector progresista nunca le perdonó a esta administración el haber entregado, sin reparo alguno, toda la política económica a la derecha.

Pero el gobierno hizo cosas buenas, me dirán ustedes. Sí, también es cierto. Probablemente sea el de Carlos Alvarado (y de lejos) el gobierno que más obra pública logró desarrollar en cuatro años. Obras de gran importancia como la vía de circunvalación que avanzó en este periodo lo que no había avanzado durante décadas. Y, junto a ésta, muchas otras obras en las zonas rurales y las provincias costeras.

Hasta ahora no se ha demostrado que algún alto jerarca de esta administración tuviera que ver con la existencia de una articulación mafiosa entre funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y dos empresas que monopolizaban los contratos de construcción a punta de sobornos, desde hacía muchos años (el caso Cochinilla). Sin embargo, como el escándalo estalló durante esta administración, las voces opositoras han machacado en una supuesta complicidad del actual gobierno con tales hechos de corrupción, logrando confundir a otra parte del electorado.

Ha sido notable también el manejo profesional de un problema tan grave y delicado como el de la pandemia del Covid-19, que incidió en que Costa Rica tenga uno de los índices de fallecimientos más bajos del mundo, en proporción a su población. Un trabajo formidable de los trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias, bajo la coordinación y dirección técnica de sus jerarcas.

Finalmente, la administración Alvarado deja al país con un crecimiento económico de más del 7%, a pesar de los embates de la pandemia, y con un déficit primario de 0,28%, muy inferior al 1,7% pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que refleja una notable disciplina fiscal.

Pero el gobierno ha sido incapaz de resaltar la importancia de estos logros o de defenderse convincentemente de las acusaciones injustas. Falla que es igualmente atribuible al PAC como partido, que nunca ha tenido una clara estrategia de comunicación.

 

El pecado original del PAC

El gran pecado original de los líderes fundadores del PAC es haber concebido el partido como un movimiento de carácter básicamente electoral y haber menospreciado la oportunidad de construir una organización de base estructurada, con líderes locales bien formados y convencidos de los ejes programáticos de la agrupación.

Una estructura de base de ese tipo permite a una organización política mantener su vigencia tanto en el gobierno como en la oposición y un ejemplo claro de ello lo constituye el Partido Liberación Nacional.

El PLN nunca ha descuidado su estructura territorial de base y, aunque ha pasado los últimos ocho años excluido del poder ejecutivo, siempre tuvo la fracción más grande en el Congreso (por encima del 30% de los diputados), lo que le permitió establecer alianzas y ejercer marcada influencia en las decisiones políticas del país. En esta oportunidad, gane o no la presidencia, se repetirá la historia.

Asimismo, el PLN sigue manteniendo el control en un altísimo porcentaje de las alcaldías, pese a los escándalos de corrupción en que sus dirigentes locales se han visto envueltos de manera continua.

Es por ese desprecio hacia la organización de base que, en una situación compleja como la actual, el PAC no solo pierde las elecciones, sino que es prácticamente barrido del escenario político.

 

Los imponderables

Indudablemente, la pandemia del Covid-19 es un factor que no era previsible y que sacudió violentamente las bases de esta administración, como habrá sucedido en muchos otros países.

El punto es que la paralización económica que produjo la pandemia arrojó a cientos de miles de personas al desempleo o al empleo disminuido, con reducciones significativas del ingreso habitual. La pobreza aumentó y con ella la desesperación y el enojo de los sectores perjudicados, tanto de trabajadores como de empresarios. Ninguno de los esfuerzos que realizó el gobierno para compensar la crisis (como la repartición de bonos) fue suficiente para atenuar el deterioro de las condiciones de vida de esa población.

Sin duda, las medidas de restricción que se decretaron para evitar la expansión incontrolada del virus eran necesarias. Ayudaron a salvar vidas y a evitar el colapso total del sistema hospitalario. Pero quienes han sufrido el impacto directo de la parálisis económica de los primeros meses no se detienen en esas consideraciones, sino que ven tales restricciones como una manifestación de autoritarismo y ausencia de sensibilidad de parte de las autoridades. Las redes sociales pululan con ese tipo de reproches.

Se podría concluir entonces diciendo que la gran derrota del PAC es resultado de una combinación de errores propios (abandono de sus principios, debilidades organizativas y de comunicación, entre otros) y del haber tenido que lidiar con un enemigo tan inesperado como incontrolable (la pandemia).

Lograr recuperarse de esta estruendosa derrota (si es que lo logra algún día) le costará al PAC mucha reflexión crítica y mucho esfuerzo para enderezar tantos desaciertos.