Jesús Ramírez, presidente de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia

La vista fue convocada para conocer el reclamo de los abogados del presidente Carlos Alvarado, en relación con el decomiso de sus teléfonos celulares y computadora por parte de la Fiscalía, como parte de la investigación de un supuesto uso ilegal de datos de los ciudadanos por parte la UPAD, una entidad que funcionaba en el despacho presidencial.

Los abogados alegan que el Ministerio Público incurrió en un abuso de autoridad al decomisar los teléfonos y la computadora del presidente, dado que en ellos hay materiales de uso discrecional que competen incluso las relaciones internacionales.

Durante la sesión, Ramírez sostuvo posiciones contradictorias. Primero dijo que rechazaba ad portas la gestión de los abogados. Poco después dijo que no las rechazaba sino que las declaraba inadmisibles.

Después afirmó que no rechazaba la gestión de los abogados del presidente, sino las pruebas que presentaban y, finalmente, admitió que los representantes del mandatario expusieran sus argumentos.

La confusión generada entre los abogados y los representantes de la Fiscalía, incluyendo a Navas, impidió que el asunto de fondo fuera discutido, pues los abogados de Alvarado decidieron recusar al magistrado Ramírez.

No obstante, la fiscal general fue más allá y pidió la recusatoria de toda la Sala III.

Uno de los abogados del presidente, Rodolfo Brenes, dijo que lo ocurrido es completamente inusual y preocupante. “Queremos que este proceso se lleve de la manera más correcta y apegado a las normas”, señaló.

 

Ramírez, un magistrado polémico

Hace 2 años, en julio de 2018, todos los miembros de la Sala III -excepto Ramírez- decidieron separarse de sus cargos tras recibir una sanción por desestimar una causa contra dos diputados relacionados con el affaire conocido como “Cementazo”.

Ramírez, quien ya había sido cuestionado en otras oportunidades, resistió en silencio la embestida y logró mantenerse en la magistratura que ya es la más larga en la historia del país, con casi 40 años.

En enero pasado, con la integración completa de la Sala Penal, Ramírez fue designado como su presidente, pese a la abierta oposición de las asociaciones de jueces y sindicatos del Poder Judicial, que reaccionaron con “sorpresa” e “indignación” a dicho nombramiento.