La afirmación está contenida en la respuesta que el ministro dio a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por un ciudadano de apellido Orozco, quien asegura que por ser obispo luterano, Jiménez no pertenece al estado laico, condición que establece la Constitución para ejercer el cargo de ministro.

Jiménez argumentó que la acción en su contra carece de legitimidad pues “no lesiona ni amenaza ningún derecho fundamental del actor” quien “no acude tampoco en defensa de intereses colectivos o difusos”, por lo que no lesiona derechos de ningún grupo en particular.

Agrega el alegato del ministro que la prohibición para ejercer cargos públicos es exclusiva del clero católico, de acuerdo con la correcta interpretación del constituyente a partir del análisis de las actas de 1949 y que, si la Sala rechaza esta argumentación, tendría que recordar que Melvin Jiménez fue dispensado de la Iglesia Luterana de todas sus órdenes ministeriales.

Sobre esta base, Jiménez solicita a los magistrados que rechacen la acción de Orozco por falta de legitimidad o que la resuelva por el fondo, reconociendo que el ministro no pertenece al estado seglar.

Jiménez fue designado como ministro por el presidente Luis Guillermo Solís, cargo que asumió el pasado 8 de mayo.

Existe una discusión entre quienes afirman que la norma constitucional que niega la posibilidad de ser ministros de Estado a las personas pertenecientes al estado seglar afecta a Jiménez por ser obispo luterano, y entre quienes afirman que dicha limitación se refiere únicamente a los sacerdotes católicos.

Jiménez ha dicho que será respetuoso de la decisión que tomen los magistrados, quienes estudian detenidamente el caso para resolver en las próximas semanas.