Seis sacerdotes jesuitas, una mujer del servicio y su hija menor, fueron asesinados por el ejército el 16 de noviembre de 1989.

"Este caso viene a darle más fuerza a los jueces de El Salvador para que se liberen del miedo de juzgar a estos hombres que tuvieron el poder político y militar, y que dirigieron la guerra", declaró a la AFP el abogado Wilfredo Medrano, de la ONG Tutela Legal.

La Audiencia Nacional española finalizó el 15 de julio el juicio contra el exviceministro de Seguridad Pública (1989-1992), coronel retirado Inocente Montano, para quien la fiscalía pidió 150 años de cárcel por su supuesta participación en el asesinato de los jesuitas y sus colaboradoras.

"El gran desafío de este caso es que influya, que impacte, para que en El Salvador empiecen a funcionar las instituciones", declaró el abogado Benjamín Cuéllar, quien alentó desde 2004 la apertura del juicio en Madrid.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl asesinaron a los sacerdotes y sus empleadas en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

En septiembre de 1991, un tribunal de San Salvador juzgó a nueve militares que figuraban como autores materiales sin tomar en cuenta a los autores intelectuales, según organismos humanitarios.

En ese juicio, solo el coronel Guillermo Alfredo Benavides fue declarado culpable de todos asesinatos, y el teniente Yusshy René Mendoza fue responsabilizado de la muerte de la menor Celina Ramos.

Ambos oficiales recobraron su libertad con una ley de amnistía de 1993, pero Benavides fue encarcelado nuevamente para completar su sentencia de 30 años tras declararse prescrita la amnistía en 2016.

En ese juicio de 1991 "no nos permitieron la investigación porque era controlada por los mismos militares (...) y dentro de la Fiscalía teníamos una coerción y una serie de dificultades", recordó el exfiscal Jenry Campos.

- Fin de la impunidad -

Montano es el primero de un grupo de 17 militares retirados que fue enjuiciado gracias a que las autoridades de Estados Unidos, donde residía, lo extraditaron en 2017 atendiendo una resolución de la Audiencia Nacional de España.

Sin embargo, el tribunal español no pudo extraditar al resto de implicados por una resolución de la justicia salvadoreña.

Cinco de los religiosos asesinados eran de nacionalidad española, por lo que la Audiencia Nacional inició una investigación en 2009 contra los militares acusados, con base en el principio de justicia universal.

Una de las víctimas el rector de la Universidad Centroamericana, el español-salvadoreño Ignacio Ellacuría, un exponente de la teología de la liberación.

Montano integraba la promoción de militares llamada "La Tandona", un grupo de 46 oficiales graduados en 1966 que controló el ejército durante un largo tramo de la guerra civil, que dejó más de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.

El mensaje "más importante del juicio en España es que se debe poner fin a la impunidad", que durante 30 años ha cubierto un crimen en el cual, los salvadoreños sabían que "los militares tenían las manos ensangrentadas", opinó el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro.

"Los beneficios de hacer justicia en España es que le dice a las nuevas generaciones de salvadoreños que defiendan y apliquen la justicia local ante cualquier crimen que se cometa o cualquier violación a las leyes por quienes ostentan el poder", estimó el dirigente humanitario.

Para el sacerdote José María Tojeira, exprovincial de los jesuitas, un juicio iniciado en 2018 en un tribunal penal de San Salvador, no avanza porque "le temen a los militares".

Los militares en El Salvador  "han tenido mucho poder y todavía tienen el poder de las armas, y en el país se está acostumbrado que el que tiene armas tiene poder y tiene mando", lamentó Tojeira.