La valoración, efectuada por el experto argentino Eduardo Melinsky, está siendo sometido a un estudio por parte de la propia CCSS y por expertos de la escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica, por lo que no puede tomarse como una visión oficial.

Mario Devandas, representante de los trabajadores ante la Junta Directiva de la CCSS dijo que, al parecer, el estudio tiene varias “falencias importantes” por lo cual no ha sido discutido por las autoridades de la institución, hasta que la revisión sea completada.

Lo que revela el estudio de Melinsky es que el fondo de reserva del IVM, que actualmente representa 1,9 billones de colones, se agotaría en el peor de los escenarios en el 2023, por lo que el régimen solo contaría con el aporte tripartita de los trabajadores activos, los patronos y el Estado, lo que no sería suficiente para pagar todas las pensiones.

En tal caso, sería el gobierno el que tendría que poner el faltante.

A pesar de las aclaraciones de la CCSS, sectores sindicales, empresariales y del gobierno reconocieron la inminencia de una crisis del régimen de pensiones.

El presidente Luis Guillermo Solís dijo que la situación del IVM es consecuencia lógica de “una población que está envejeciendo” y en la que una población laboralmente activa debe sostener a un número cada vez mayor de jubilados.

Solís no descartó ninguna opción para fortalecer el IVM, incluido un aumento de las cuotas obrero-patronales.

Sin embargo, sindicatos y cámaras empresariales reaccionaron negativamente a la posibilidad de un aumento en las cuotas y llamaron a buscar otras opciones que no afecten el bolsillo de los trabajadores ni la salud financiera de las empresas.