Las organizaciones autoras de la iniciativa llegaron este miércoles hasta el Congreso para exigir a los diputados la pronta aprobación del proyecto de Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (expediente 17.742) conocido como la nueva ley de aguas, en segundo debate tal y como estaba previsto para darse el próximo 25 de agosto.
La votación en el Plenario está estancada por la intervención de diputados de varias fracciones liderados por la Unidad Social Cristiana (PUCS) que presentaron a consideración un texto sustitutivo que incorpora demandas del sector agroindustrial que, según los autores de la iniciativa, “manosea todo el proyecto”.
Los representantes de organizaciones sociales, ambientalistas y Asadas, se presentaron en la Asamblea Legislativa para solicitar que se cumpla con el mandato de la Ley de Iniciativa Popular y se rechacen las modificaciones que las cámaras agroindustriales pretenden introducir al texto.
Los defensores de la Ley de aguas adelantaron que si la ley no es aprobada o si es cambiada drásticamente, solicitarían la realización de un referéndum para que la ciudadanía vote directamente el texto de la nueva ley.
El proyecto de Ley por Iniciativa Popular fue aprobado en primer debate por el Congreso, luego enviado a consulta constitucional y se encuentra en la etapa de incorporar los cambios señalados por la Sala IV para ser votada, tal cual ya se aprobó, en segundo debate.
El jefe de fracción del Frente Amplio, Edgardo Araya, anunció el apoyo de su bancada a las organizaciones que exigen la nueva ley de aguas, “la solicitud de las organizaciones sociales es absolutamente válida, porque hay grupos y empresas del sector agropecuario que pretenden manosear el proyecto”, señaló.
Araya también anunció el apoyo de los diputados del FA a los autores de la iniciativa que claman porque se vote el proyecto, de una vez por todas.
“La solicitud de las organizaciones sociales es absolutamente válida, porque hay grupos y empresas del sector agropecuario que pretenden manosear todo el texto para que no se penalice la contaminación por fuentes difusas, para disminuir la protección de las nacientes intermitentes y para que se debilite la rectoría del MINAE en la gestión del agua, eso cambiaría drásticamente el proyecto presentado por la ciudadanía” apuntó Araya.
La fracción del Frente Amplio apoya la Ley de Aguas pero no votaría si es cambiado en puntos esenciales como pretende el sector agroindustrial.
“Como fracción legislativa del Frente Amplio, no pondremos nuestros votos para respaldar este proyecto si es cambiado como pretende una parte del sector agropecuario, ya que estos cambios van en contra del espíritu y del objetivo de la ley tal y como fue presentada por la Iniciativa Popular”, dijo el diputado ambientalista.
