Vista aérea de la zona de Portillos, distribuida por la Presidencia.
Vista aérea de la zona de Portillos, distribuida por la Presidencia.

La presidenta Laura Chinchilla dijo en conferencia de prensa que el gobierno de Nicaragua ha abierto dos nuevos canales en isla Portillo, para conectar el  río San Juan con el Caribe a través del humedal, en clara violación de las medidas cautelares dictadas por la CIJ.

"El quipo de abogados que Costa Rica tiene a su haber, que son quienes nos han venido asesorando en el juicio que ya tenemos abierto en la CIJ, está también estudiando los nuevos hechos para analizar una posible acción adicional",  afirmó.

Además, para informar de la situación, "estaremos sosteniendo una reunión con el secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos)", el chileno José Miguel Insulza, la proxima semana, aseguró la gobernante.

Chinchilla dijo que esta nueva violación y afue dada a conocer a la CIJ y a la Convención Ramsar (Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional.Además, para informar de la situación, "estaremos sosteniendo una reunión con el secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos)", el chileno José Miguel Insulza, la proxima semana, aseguró la gobernante.

La presidenta costarricense dijo que su gobierno realizará también acciones para poner al tanto de la situación al Congreso y a la ciudadanía en general.

El gobierno costarricense denunció en octubre de 2010 que el ejército nicaraguense había invadido Portillo, una isla fluvial de aproximadamente 3 km2, ubicada en el extremo este de su territorio, para construir un canal artifical a través del humedal, que se encuentra ubicado dentro del régimen de protección de Ramsar.

En esa ocasión, las autoridades costarricenses estimaron que las obras habían causado severos daños ambientales en la zona.

Nicaragua, por su parte, asegura que esa franja de territorio le pertenece históricamente.

El caso provocó una de las más profundas crisis diplomáticas entre San José y Managua y desembocó en la demanda interpuesta por Costa Rica ante la CIJ.

En marzo de 2011, los jueces de La Haya dictaron una serie de medidas cautelares, como la exclusión de personal militar o población civil de ambos países en el territorio en disputa, mientras dicta un fallo.

Sin embargo, la cancillería costarricense ha realizado numerosas denuncias respecto a la presencia en Isla Portillo de grupos afines al gobierno de Ortega, en particular de militantes de la juventud sandinista.