Los siete directivos del BCR hasta hace dos semanas están siendo investigados por supuestas irregularidades en el otorgamiento de un préstamo por 30 millones de dólares al empresario cementero Juan Carlos Bolaños, centro de un escándalo de corrupción que involucra a políticos y miembros de los supremos poderes.
Dos de los siete directivos habían renunciado acatando una petición del presidente Luis Guillermo Solís, tras un informe de la Superitendencia de Entidades Financieras (SUGEF) que develó la existencia de serios conflictos dentro de la directiva del banco, que amenazaban el buen desempeño de la institución.
De los cinco restantes acudieron a la Sala IV los directivos Mónica Segnini, Alberto Raven, Francisco Molina y Evita Arguedas, para solicitar que los magistrados dejen sin efecto la suspensión ordenada por el gobierno.
Alegan que la normativa que rige el sistema bancario nacional, no existe ningún mecanismo que permita al Consejo de Gobierno suspender a los directivos de un banco estatal.
Argumentan, además, que la resolución violenta su derecho al honor, al debido proceso, a la imagen y reputación y al trabajo.
Los recurrentes dicen no oponerse al procedimiento administrativo que se les ha abierto, pues consideran conveniente que se les investigue y se aclaren los hechos.
