El diputado del Frente Amplio José María Villalta presentó un recurso de amparo contra la Contraloría General de la República por ocultar los nombres de los diputados o diputadas que se beneficiaron de la amnistía tributaria a través de sociedades anónimas.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o “Combo Fiscal”, aprobado el pasado 4 de diciembre de 2018, incluye la amnistía tributaria en uno de sus transitorios. ¿En qué consistió? Daba la posibilidad de presentarse ante Hacienda y corregir una situación de periodos anteriores a 2018, pagando el impuesto dejado de pagar, pero sin pagar los intereses correspondientes a la deuda tributaria y con una sanción reducida. Esto sólo se podía hacer en los tres meses posteriores a la aprobación de la reforma.
En mayo de este año el Gobierno se vio obligado a publicar la lista de las personas físicas y jurídicas que se acogieron a esta amnistía, por orden de la Sala Constitucional. Esto fue después de que Villalta solicitara la información al Ministerio de Hacienda. En ese momento salieron a la luz los nombres de los afortunados: bancos, empresas privadas, agencias de bolsa y dos diputados.
La sospecha de que había más diputados involucrados
“Solicitamos los datos de los beneficiados con la amnistía tributaria y detectamos que había dos diputados que se habían beneficiado. Eran Carlos Ricardo Benavides y Otto Vargas. Denunciamos eso y ellos salieron diciendo casi que Hacienda les había hecho la amnistía y que ellos no sabían nada y por eso no habían informado”. Así lo explicó Villalta en entrevista con Informa-Tico.
El jefe del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente del directorio legislativo Carlos Ricardo Benavides, canceló ¢1,7 millones, mientras que Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Socialcristiano, un monto de ¢17.000.
“Sin embargo, sospechábamos que había más diputados involucrados”, dijo Villalta. “Le solicitamos formalmente a la Contraloría que hiciera una investigación y que cruzara los datos de las declaraciones de bienes de los diputados -que tenemos que presentar todos los años y donde tienen que aparecer las empresas en las que los diputados tienen intereses patrimoniales-, con los datos de la amnistía tributaria, para determinar si hubo diputados, cuyas empresas se beneficiaron de la amnistía”, afirmó el legislador.
“En principio uno pensaría que la Contraloría debería hacer eso de oficio porque ¿para qué hace que los funcionarios públicos hagan declaraciones de bienes? Ellos deberían usarlas para algo. Se supone que es para poder fiscalizar que no haya enriquecimiento ilícito o alguna práctica irregular”, destacó.
Contraloría no quiere revelar los nombres
La Contraloría responde a la solicitud de Villalta y confirma que cuatro diputados son accionistas de empresas que se beneficiaron con la amnistía tributaria aprobada con el Combo Fiscal; pero se niega a revelar los nombres.
Según la Contraloría, “la información de este registro de accionistas es de carácter confidencial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios y sus reformas. Asimismo, no podrá ser utilizada para otros fines distintos a los consignados en el artículo 9 Ley No. 9416, sea para dar cumplimiento a las funciones de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda”.
Pero Villalta no está solicitando las declaraciones juradas de las y los diputados, que son confidenciales, sino únicamente los nombres de quienes se acogieron a la amnistía.
“El dato de las declaraciones no es público; pero la Sala IV ha dicho que la información de quiénes se benefician de las amnistías sí es información pública. La Contraloría insiste en que la información es confidencial. Sin embargo lo que está bajo la protección son las declaraciones propiamente y no la información que se prepare con base en ellas. Nosotros decimos que lo que es público es la información de quiénes se beneficiaron de la amnistía”, argumentó.
El cuestionamiento de fondo
“En mi opinión, la información sobre los negocios de un diputado debería ser pública, las declaraciones de los diputados deberían ser públicas, porque la gente tiene derecho a saber. Si usted no quiere que sus negocios se hagan públicos, no se meta a diputado. Si usted quiere ser diputado y ocupar un puesto de poder y tener representación, tiene que aceptar que la gente sepa cuáles son sus intereses patrimoniales”, sentenció Villalta.
Lo que sí reveló la Contraloría fueron los montos. Indicó que sumados los montos exonerados correspondientes a los cuatro legisladores, se obtiene un total de ¢3.911.072.
“El cuestionamiento nuestro no es tanto por el monto que les perdonaron, sino por el hecho de que siendo diputados, promovieron la ley, votaron la ley y votaron la amnistía. Tenían que haber informado que tenían un conflicto de intereses y no usar la ley para favorecerse ellos mismos”, denunció.
Transparencia en los patrimonios e intereses económicos
En el recurso de amparo el diputado alega la violación al derecho fundamental de acceso a la información amparado por el Artículo 30 de la Constitución Política, el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También se argumenta la violación del Artículo 13 de la Convención Interamericana Contra la Corrupción y el Artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Dentro de estas normas suscritas por Costa Rica, está la obligación de tener sistemas públicos que garanticen la declaración de bienes de personas funcionarias públicas que ocupen altos cargos.
“Ahora ya existe un registro de accionistas, que se acaba de crear con la ley de fraude fiscal, que obliga a todas las sociedades a inscribir en un registro a cargo del Banco Central quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades anónimas. Lo que pasa es que la Contraloría no tiene acceso a ese registro, el cual es uno de los vacíos que hemos encontrado en la legislación. Se supone que va a tener acceso el Ministerio Público, Hacienda para cuestiones tributarias y el Instituto Costarricense sobre Drogas para cuestiones de lavado”, aclaró.
“El problema de fondo es que esa información que estamos solicitando ya se hace pública en otros países y se obliga a los representantes populares, que ocupan los cargos más importantes, a divulgar la información esencial de sus declaraciones de renta o declaraciones de bienes”, indicó.
El congresista hizo un llamado para aprobar precisamente un proyecto de ley para que se hagan públicas las declaraciones de impuestos. Se trata del proyecto “Ley para Fortalecer el Combate a la Corrupción y Transparentar los Patrimonios y los Intereses Económicos de los Altos Mandos del Sector Público”, presentado por el diputado Edgardo Araya en la legislatura pasada, el cual se encuentra en la Comisión de Jurídicos.
(*) Fabiola Pomareda García es periodista freelance. Actualmente vive en San José, Costa Rica. Correo: pomaredafabiola@gmail.com. Twitter: @FabiolaPomareda
