El pasado 13 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dió lectura a su decisión en relación a la solicitud de medidas provisionales planteada por Nicaragua contra Costa Rica el pasado 11 de octubre: en ella (ver texto completo de la petición de Nicaragua), Nicaragua solicitaba, entre otros, la entrega de estudios técnicos así como la suspensión de los trabajos relativos a la denominada "trocha fronteriza" larga de 154 kilómetros, paralela al Río San Juan y a parte de la frontera terrestre entre ambos Estados.

EL CONTEXTO PROCESAL:

Es menester recodar que Nicaragua presentó una demanda formal en diciembre del 2011 contra Costa Rica, pero no es sino hasta el pasado mes de octubre que presentó formalmente una solicitud de medidas provisionales a la CIJ exigiendo la suspensión de los trabajos. De alguna manera, esta petición de Nicaragua hace eco a la solicitud de medidas provisionales de Costa Rica en relación esta vez a la aparición de dos nuevos "caños" en Isla Portillos: esta última fue presentada por Costa Rica en septiembre del 2013 a la CIJ y dió lugar a audiencias orales en el mes de octubre del 2013 (ver nota) así como a una ordenanza del 22 de noviembre del 2013 (ver nota). Nicaragua intentó que la CIJ estudiara ambas solicitudes de medidas provisionales de manera simultánea, alegando que la unión de ambos procedimientos en uno solo operado por parte de la CIJ así lo permitía: objetada esta petición por parte de Costa Rica, la CIJ decidió estudiar por separado cada una de estas solicitudes de medidas provisionales.

EL RAZONAMIENTO DE LA CIJ:

En relación a la solicitud de Nicaragua que abarcaba tres puntos, la CIJ considera que, dadas las circunstancias actuales, no le corresponde indicarle a Costa Rica ninguna de las medidas solicitadas por Nicaragua. Varias de ellas, según la CIJ, podrían en efecto prejuzgar sobre el fondo del asunto, y así lo explica el texto del comunicado de prensa oficial de la CIJ (ver texto en inglés y en francés). Si nos referimos ahora al detalle de la providencia tomada por la CIJ el pasado 13 de diciembre (ver texto en inglés y francés) es de notar que en el párrafo 33, la CIJ refiere a un compromiso oficial de Costa Rica de no retomar los trabajos de construcción antes de finales del 2014 o inicios del 2015 en los siguientes términos: "33.During the second round of the oral proceedings, Costa Rica pointed out that the schedule publicly announced on 14 March 2013 by its Minister for Public Works and Transportation regarding the resumption of construction activities had been superseded. It explained that, under the updated version of the schedule, the resumption of construction works on the section of the road along the south bank of the San Juan River would not begin "before late 2014 or early 2015", thereby further underscoring, in its view, the lack of any basis to Nicaragua’s arguments concerning urgency. The Court regrets that Costa Rica did not make this information available at an earlier stage".

Adicionalmente, en el párrafo 37, la Corte recuerda algunos de los compromisos que Costa Rica adquirió en relación a entregar un diagnóstico ambiental de las obras realizadas. La Corte precisa que: "Having concluded that no provisional measures should be indicated, the Court observes nevertheless that Costa Rica acknowledged during the course of the oral proceedings that it has a duty not to cause any significant transboundary harm as a result of the construction works on its territory, and that it would take the measures that it deemed appropriate to prevent such harm. The Court further observes that Costa Rica has in any event recognized the necessity of remediation works, in order to mitigate damage caused by the effects of poor planning and execution of the road works in 2011, and has indicated that a number of remediation measures to that end have already been undertaken. Finally, the Court notes that Costa Rica announced, during the same oral proceedings, that, with its Counter-Memorial, due to be filed by 19 December 2013, it would submit what it described as an "Environment Diagnostic" study covering the stretch of the road running along the bank of the San Juan River". La providencia de la CIJ fue tomada de forma unánime por los 17 jueces de la CIJ (que incluye a los dos jueces ad hoc designados por cada una de las partes).

Ambos compromisos oficiales de Costa Rica hechos públicos ante la CIJ impiden de esta manera a los jueces de La Haya establecer algún tipo de urgencia o la posibilidad de que se provoque un daño irreversible (que son, como bien se sabe, la razón de ser de las medidas provisionales que ordena usualmente la CIJ).

INDISPOSICIÓN DE LOS JUECES:

La lectura del párrafo 5, que remite al rechazo de la CIJ a la petición de Nicaragua de estudiar de manera simultánea las solicitudes de Costa Rica contra Nicaragua por los "caños" (septiembre del 2013) y la de Nicaragua contra Costa Rica por la denominada "trocha fronteriza" (octubre del 2013), sugiere (por la forma en que está redactado y la ausencia de toda motivación) algún tipo de indisposición por parte de los jueces para con Nicaragua ante una maniobra hecha a destiempo. El final del párrafo 33 que se lee así: " The Court regrets that Costa Rica did not make this information available at an earlier stage" sugiere, por su parte, una apreciación similar, esta vez hacia Costa Rica, por parte de los jueces de la CIJ.

Esta decisión sobre esta solicitud de medidas provisionales de Nicaragua contra Costa Rica antecede de cinco días el depósito de la contramemoria de Costa Rica, según el cronograma acordado por las partes en enero del 2012 (ver ordenanza del 23 de enero del 2012 sobre plazos para entrega de alegatos y contra alegatos escritos), la cual establece plazos inusualmente largos de 12 meses (Nota 1).

Sobre la denominada "trocha fronteriza", cuyos responsables de sugerirla se mantienen a la fecha incógnitos (Nota 2), remitimos a un modesto artículo publicado en la Revista Estudios de la Universidad de Costa Rica (UCR) sobre las razones que justificaron oficialmente la construcción de esta "trocha" y la estrategia legal de Nicaragua al presentarla en los términos en los que la presentó ante la CIJ. De igual manera remitimos a modesta nota publicada en estas mismas páginas de Informa-tico sobre la decisión del 25 de julio del 2013 de la CIJ de rechazar la solicitud que le hicieran Costa Rica y Nicaragua de modificar su ordenanza inicial del 8 de marzo del 2011, en la que ya se pudo apreciar cierto descontento por parte de los jueces de La Haya en relación a la actitud de Costa Rica y de Nicaragua.

Nicolas Boeglin es profesor de Derecho Internacional en la UCR


Nota 1: A diferencia del plazo usual de 6 meses o 9 meses para cada pieza escrita (tal y como lo indica la práctica seguida ante la CIJ), las partes acordaron en este caso un plazo mucho mayor de un año, lo cual tiene como efecto el de extender el procedimiento contencioso: por ejemplo, en un caso de delimitación entre Burkina Faso y Niger, el plazo acordado fue de 9 meses según ordenanza de la CIJ del 2010. En relación a casos entre Estados de América Latina, y de mucha mayor complejidad, en la controversia entre Argentina y Uruguay, el plazo acordado fue de tan solo 6 meses según ordenanza de la CIJ del 2007. En cambio la complejidad de la delimitación marítima entre Nicaragua y Colombia provocó que el plazo de presentación de escritos fuera de 14 meses, según ordenanza del 2002 de la CIJ, y de 10 meses en relación a la controversia sobre la salida al mar entre Bolivia y Chile (ver ordenanza de junio del 2013). En el caso de la demanda interpuesta inicialmente por Costa Rica contra Nicaragua en el 2010 por la ocupación ilegal de su territorio y la operación del dragado, la CIJ fijó el plazo a 7 meses según ordenanza de abril del 2011.

Nota 2: Pese a las comparecencias de varios altos funcionarios en el marco de una investigación por parte de una Comisión de la Asamblea Legislativa, aún no se tiene claridad sobre quién (es) ordenó (aron) internamente la construcción de una ruta paralela al Río San Juan:

- En el mes de enero del 2013, el ex Ministro de Seguridad de la época, José María Tijerino, precisó en un artículo en el que aporta "dos precisiones" que únicamente solicitó en diciembre del 2010 que se repararan los caminos vecinales para acceder a algunos puntos en la frontera: " por razones de logística policial solicité al ministro del MOPT interponer sus buenos oficios para la reparación de los caminos que conducen a Delta Costa Rica y Boca del Río Sarapiquí, en el cantón de Sarapiquí; a Puerto Lindo, en el cantón de Pococí, y a la población de La Trocha, en el cantón de Los Chiles".

- Anterior a este artículo del ex Ministro de enero del 2013, un artículo del Semanario Universidad indicaba en agosto 2012, en su titulo que "Se mantiene interrogante de quién ordenó construir la trocha fronteriza". Una nota del Semanario Universidad se tituló con un texto muy similar (abril del 2013): "Todos alabaron la trocha, pero nadie asumió la paternidad".

Un primer foro de debate organizado en la UCR (Universidad de Costa Rica) por la Asociación de Estudiantes de Derecho y la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, denominado "Una desas-trocha decisión" analizó el tema desde una perspectiva crítica. Anterior a ello, un ejercicio similar había tenido lugar en la Universidad Nacional (UNA) en septiembre del 2012 (ver nota de prensa titulada: "René Castro rehuyó debate sobre trocha fronteriza en Universidad Nacional"). René Castro fue Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica de mayo del 2010 a agosto del 2011, cuando presentó su renuncia. Desde esta fecha al día de hoy es Ministro de Ambiente de Costa Rica. En enero del 2012, publicó un artículo de cierto interés titulado "Calero y el camino rústico", en La Nación (Costa Rica), edición del 16 de enero del 2012.

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
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