El anuncio lo hizo Zúñiga durante una comparencia ante el plenario legislativo, al que compareció para informar sobre los avances de una comisión especial -que ella preside- que busca soluciones a los conflictos de tierra en las comunidad indígenas.

En particular, la audiencia fue convocada para que la ministra informara sobre el conflicto en la comunidad Bribri de Salitre, donde personas no-indígenas han invadido tierras y realizado acciones violentas contra los miembros de la comunidad, como las intimidaciones armadas y la quema de ranchos.

Zúñiga dijo a los diputados que la violación de sus territorios no es un problema exclusivo de la comunidad de Salitre, sino de otros 24 territorios indígenas "abandonados históricamente por el Estado costarricense".

El proyecto de ley, que desde hace dos décadas ha entrado y salido del Congreso sin lograr su aprobación, busca dar mayor autonomía a los pueblos indígenas para la administración de sus tierras, que serían declaradas "inalienables" e "intransferibles".

La normativa reconoce también los juicios consuetudinarios de los pueblos indígenas como procesos compatibles con el sistema jurídico del país.

La enseñanza de la lengua y la cultura originarias; el reconocimiento de patentes para la medicina natural indígena y los procedimientos de consulta a estas comunidades sobre asuntos nacionales que puedan afectar sus intereses, son otras de las disposiciones del proyecto de ley.

Organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT)y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han insistido ante las autoridades de Costa Rica en la necesidad de aprobar esta legislación.

La ministra aseguró que el gobierno, el Congreso y el Poder Judicial comparten la responsabilidad de atender las demandas de los pueblos indígenas y tomar las medidas necesarias y urgentes para proteger los derechos de esta población.