“Son de hecho los pagos generados por la modificación en los pluses de disponibilidad y anualidades o antigüedad los que pueden provocar un aumento en el gasto público, tomando en cuenta que el tope por disponibilidad podría elevarse de 25% a 35% lo cual representa un riesgo de aumento en aproximadamente ₡ 100 millones, mientras que el costo adicional por la modificación en las anualidades podría significar ₡900 millones, al pasar algunos funcionarios de 1,94% a 2,56%” afirmó el ministro.

Alfaro dijo ante la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso que el proyecto de ley 19506, iniciativa de la diputada Sandra Piszk, “es un esfuerzo válido y necesario para uniformar los criterios de otorgamiento de algunos pluses salariales”, pero que no tendría los efectos esperados por los diputados en el déficit fiscal.

El proyecto tiene como objetivo equiparar los montos de varios pluses adicionales al salario,  tales como zonaje, regionalización o desarraigo, dedicación exclusiva, carrera profesional, prohibición, disponibilidad y anualidades o antigüedad. 

Sin embargo, la iniciativa deja fuera de la regulación a sectores muy numerosos de los empleados públicos como los cuerpos de policía, los educadores, los bancos estatales y las empresas públicas que operen en competencia, es decir, que no presten servicios en calidad de monopolio.

Solo los cuerpos de policía y el Magisterio Nacional representan cerca del 62% de todo el personal del gobierno central.

El proyecto de empleo público fue presentado a sesiones extraordinarias por el gobierno para cumplir con un requisito de varias fracciones legislativas para entrar a discutir lo que resta de la agenda fiscal.

Sin embargo, la mayoría de sindicatos del sector público han iniciado la preparación de un movimiento de huelga para oponerse a la iniciativa, asegurando que su aprobación significaría la eliminación del derecho de negociación colectiva para los empleados públicos.