Habilita monitorias en centros de detención judiciales y de policía, centros penitenciarios, centros para personas migrantes y hospitales psiquiátricos.
Habilita monitorias en centros de detención judiciales y de policía, centros penitenciarios, centros para personas migrantes y hospitales psiquiátricos.

El objetivo de este nuevo instrumento es “proteger los derechos fundamentales y humanos de las personas que se encuentren sometidas a cualquier forma de privación de libertad y prevenir cualquier acto de tortura,  mediante la ejecución de inspecciones regulares a los centros de aprensión”, según el informe de la Presidencia.

El órgano será de desconcentración máxima, adscrito administrativamente a la Defensoría de los Habitantes, y tendrá independencia funcional y de criterio para actuar con absoluta independencia de las autoridades del Estado.

Entre las funciones asignadas al nuevo órgano están las de examinar periódicamente el trato que reciben las personas privadas de libertad en lugares de detención; hacer recomendaciones a las autoridades para mejorar el trato y las condicione en que se encuentran estas personas; prevenir la tortura y hacer observaciones sobre la legislación existente.

La normativa obliga al personal de las instituciones públicas a garantizar el cumplimiento del Protocolo, a dar toda la información requerida y a prestar colaboración para que el mecanismo pueda cumplir efectivamente con las funciones que le han sido asignadas.

Los representantes del mecanismo visitarán periódicamente los centros de aprehensión, incluidas las delegaciones judiciales y de la Policía, los centros penitenciarios, los centros para personas migrantes y hospitales psiquiátricos.

“Al personal del mecanismo de prevención se le otorgarán prerrogativas e inmunidades establecidas en el artículo 6 de la ley, relativas al acceso a toda la información, posibilidades de entrevistarse sin testigos, personalmente o con intérprete”.