La Contraloría afirmó que el traslado de fondos es contrario a la Constitución Política porque lesiona la autonomía de Japdeva, por lo cual desautorizó el uso del dinero con los fines que pretendía el gobierno.

Sin embargo, el gobierno insiste en que el procedimiento es legal y anunció que presentarán una solicitud de reconsideración a la Contraloría.

“Nosotros creemos que eso sí se puede hacer. la ley de presupuesto dice que se puede hacer”, aseguró el ministro de Planificación Nacional, Roberto Gallardo.

Según el ministro, la Contraloría le está negando a la Asamblea Legislativa una potestad que le corresponde por ley, que es pasar recursos de una cuenta a otra del Estado.

La Contraloría en oficio DFOE – IFR0087 del 12 de febrero le señala a Gallardo que en el caso OAS se transgreden “los principios constitucionales de anualidad presupuestaria, el principio de legalidad y el principio de autonomía que cobija a JAPDEVA en la disposición de sus recursos, en afectación de la Hacienda Pública”. 

Los fondos, que habían sido entregados por el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) a Japdeva, estaban destinados al pago de prestaciones a los trabajadores de esa institución que sean movilizados a raíz de la construcción de un nuevo puerto en Limon, por parte de la empresa transnacional APM Terminals.

Según Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de Japdeva, esos dineros no se usaron porque el sindicato se ha opuesto a ello (ha evitado el despido de los trabajadores).

El gobierno se comprometió con OAS a cancelarle 35 millones de dólares por la supresión del contrato para la ampliación de la vía a San Ramón, un proyecto que fue abortado por presión popular ante las numerosas irregularidades que contenía el contrato.

De los 35 millones, el gobierno ya pagó 6,5 millones a la empresa en diciembre pasado, pero el pago de los 28,5 millones restantes fue congelado por el Tribunal Contencioso Administrativo como medida cautelar mientras resolvía una acción entablada por el Foro de Occidente, que reúne a los vecinos de esa región.

Precisamente el lunes, dicho Tribunal determinó la legalidad del pago a la empresa brasileña.