“El artículo 30 de la Constitución Política reconoce el derecho de toda persona a acceder a los despachos y dependencias públicas, como una forma de garantizar la transparencia de la función pública y la correcta fiscalización de la actividad estatal por parte de los ciudadanos, legítimos detentores de la soberanía nacional”, estableció el fallo.

Los magistrados recordaron que la Constitución  y la jurisprudencia constitucional solo admiten restricciones a este derecho en casos muy calificados, entre los cuales se encuentra la protección de secretos que pudieran atentar contra la seguridad nacional.

El caso se remonta a diciembre pasado, cuando el periodista David Ramírez del diario La Nación, pidió al ministerio de Justicia que se le brindara información sobre el número de privados de libertad en cada centro carcelario y en cada una de las unidades del mismo, así como la capacidad instalada tanto del centro como de las dichas unidades.

El ministerio entregó la información al periodista en forma incompleta, pues omitió precisar la sobrepoblación en cada una de las unidades de los diferentes centros. Por esta razón, el periodista presentó un recurso de amparo.

La ministra Ramírez, en su defensa ante la Sala IV, argumentó que esa información era sensible porque podía poner en riesgo la seguridad de los centros y del país mismo.

Sin embargo, la Sala señaló que “las administraciones públicas eficientes y eficaces son aquellas que se someten al control y escrutinio público, pero no puede existir un control ciudadano sin una adecuada información”.

Los datos requeridos por el periodista –señalaron los magistrados-  son de naturaleza pública y por tanto de acceso irrestricto.

Añade la sentencia que el tribunal no puede tener por válido el argumento de que se trata de información sensible que incide sobre la seguridad de los centros penales y del país.

“No encuentra este  Tribunal razón alguna para denegar la información

solicitada, ni cómo puede afectar la seguridad el hecho de que se informe de cuantos privados de libertad hay en cada dormitorio”, puntualiza la Sala.

La sentencia obliga a la ministra de Justicia a entregar la información solicitada en un término perentorio de 15 días y condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.