Ricardo Rodríguez, presidente del INDER, argumentó que la Ley de Tierras y Colonización (Ley 2825) “establece que debe agotarse la vía administrativa en los casos en que exista un conflicto de ocupación precaria” y consideró que “esta vía no se ha agotado” puesto que el INDER tiene facultades para intervenir que hasta el momento no se han aplicado.

El desalojo fue ordenado por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (11 de junio del 2015), y en varias ocasiones fue suspendido por diferentes motivos, la última vez fue este miércoles por orden de la Sala Constitucional, que debe resolver dos recursos de amparo presentados por campesinos afectados con la medida.

El 23 de diciembre pasado también se suspendió el desalojo por una acción de la Defensoría de los Habitantes para evitar que las 100 familias que habitan en la finca, pasaran una Navidad paupérrima.

Rodríguez pidió al Tribunal Contencioso una oportunidad “para realizar una labor de mediación y conciliación entre las partes” este jueves y reveló que también había solicitado al Ministro de Seguridad Gustavo Mata suspender el desalojo por tiempo indefinido.

“Antes de realizar alguna acción judicial o administrativa, debe permitirse al INDER realizar una labor de mediador y conciliador entre las partes”, dijo Rodríguez y agregó que algunos de los poseedores de precarios habían solicitado la intervención del Instituto.

El INDER ofreció buscar una solución de largo plazo a este conflicto en la zona sur y consolidar un proyecto productivo para las familias afectadas, puntualizó el jerarca.