La declaración oficial se produjo luego de que el indígena Minor Ortiz, de Salitre, fuera herido de bala en una pierna por un no-indígena identificado como Eliodoro Figueroa.

Ortiz y su familia recuperaron en 2015 un terreno que era ocupado de manera ilegal por la familia Figueroa, según las organizaciones indígenas de la zona.

El Consejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre (CODIAW) responsabilizó al gobierno por su falta de acción contra los terratenientes no-indígenas que, desde hace aproximadamente una década, vienen desarrollando una campaña de terror en la zona, con ataques contra los dirigentes indígenas, quema de ranchos, persecuciones y otra serie de actos de intimidación.

Uno de los hechos más graves fue el asesinato del conocido líder bri-bri Sergio Rojas, el 20 de marzo de 2019, crimen que aún no ha sido esclarecido por las autoridades.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado al estado costarricense la adopción de medidas cautelares para proteger la vida y las propiedades de las comunidades indígenas.

El gobierno calificó de “lamentable” la agresión sufrida por Ortiz el 9 de febrero pasado, pero dijo que este incidente no puede interpretarse como una ausencia de acción o cumplimiento de las medidas

“Desde el pasado mes de abril de 2019, el Gobierno ha mantenido espacios de diálogo con los beneficiarios de las medidas cautelares en las comunidades de Salitre y Térraba, en los que se han abordado temas como saneamiento territorial y seguridad. Estos fueron establecidos por los representantes del pueblo indígena beneficiario del territorio de Salitre y el Ministerio de Justicia y Paz en el año 2017, como parte del Protocolo de las Medidas Cautelares”, señala el comunicado oficial.

“Entre sus resultados, hasta el momento, se encuentran los primeros desalojos de propiedades dentro del territorio de Salitre y la elaboración del plan de seguridad, mismo que fue aplicado el pasado fin de semana”, agrega el documento.

El gobierno insistió en la necesidad de no llevar a cabo procesos de recuperación exponiendo la integridad tanto de personas indígenas como no indígenas, al tiemo que anunció una serie de acciones inmediatas para afrontar la compleja situación de las tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires.

Los siguientes son los puntos del plan dados a conocer por el gobierno:

  • Desarrollo de un plan de prevención de la violencia y atención de conflictos en los territorios indígenas del cantón de Buenos Aires.
  • Impulso al Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI) del INDER, buscando fortalecer la gestión que se ha venido realizando, y añadiendo un componente extraordinario que contemple las circunstancias especiales de los Territorios Indígena de Salitre y Térraba.
  • Apertura de los procedimientos legales para la puesta en posesión de las fincas ocupadas por no indígenas, en manos de las comunidades indígenas.
  • Constitución de un fideicomiso en el INDER para crear el mecanismo que permita financiar el pago de las compensaciones en los casos que corresponda.