La mayoría de los crimenes fueron perpetrados durante la presidencia de Alvaro Uribe (a la izquierda en la foto), quien aparece acompañado por militares de alta gradación.

El número casi que triplica la cifra de víctimas conocida hasta el momento y da una nueva dimensión a este "fenómeno macrocriminal", como lo llamó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su explosivo informe.

El tribunal que surgió de los acuerdos para el desarme de la guerrilla de las FARC encontró que "por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008".

Conocida en el argot militar como "falsos positivos", esta práctica escabrosa arrastró a los militares hacia su mayor escándalo en las casi seis décadas de lucha contra los grupos rebeldes izquierdistas. 

Aunque el alto mando militar siempre ha negado que se tratara de una práctica sistemática, oficiales y soldados que se sometieron a la jurisdicción de paz confesaron su participación en los crímenes. 

Los militares orquestaron una suerte de 'body count', un conteo premiado de cuerpos para mostrar resultados en la guerra contra las guerrillas y las bandas paramilitares del narcotráfico.

Hasta el año pasado, la fiscalía había reconocido 2.249 ejecuciones de civiles a manos de tropas entre 1988 y 2014. 

El 59% de esos crímenes ocurrieron entre 2006 y 2008 bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-10).

- Confesiones -

El general Mario Montoya, comandante del ejército en esa época, aceptó la autoridad de la JEP y hoy es el militar de mayor rango que responde ante los magistrados.

Pese a los testimonios que lo inculpan, el oficial en retiro niega que hubiera instigado crímenes de civiles.

"Existen 2.140 militares vinculados a investigaciones de ejecuciones extrajudiciales, lo que equivale al 0,9% del total de los hombres que operaron en el ejército en el periodo mencionado, (...) lo que muestra que en ningún momento existió una directiva o directriz al ejército para hechos tan atroces", dijo su abogado Andrés Garzón en una entrevista con la AFP en 2020. 

La JEP se ocupa de las violaciones más graves a los derechos humanos cometidas por guerrilleros, paramilitares y soldados durante su enfrentamiento.  

Quienes confiesen su responsabilidad y reparen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión, pero si no lo hacen se exponen a condenas de hasta 20 años de cárcel.

El tribunal de paz todavía no ha emitido su primera condena desde su entrada en funcionamiento en 2018. 

- Brigada de muerte -

Según la JEP, el mayor número de ejecuciones de civiles ocurrieron en el departamento de Antioquia (noroeste), donde el ejército y paramilitares de ultraderecha combatieron a sangre y fuego a los rebeldes izquierdistas.

El 25% de los 6.400 casos documentados se produjeron en esa zona. "La IV Brigada, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013", precisó el tribunal.

Algunos de los restos de las víctimas fueron ubicados en el cementerio de Dabeiba, en Antioquia, gracias a las declaraciones de miembros de la fuerza pública que, en su mayoría, "no habían sido investigados por la justicia ordinaria", según la JEP.

Además de Antioquia, las regiones de la Costa Caribe, Norte de Santander (noreste), Huila (centro), Casanare (este) y Meta (sur), fueron priorizadas en la investigación.

Para la abogada de dos militares que confiesan en la JEP, Tania Parra, el informe de este jueves revela que hubo "complicidad" de autoridades para "ocultar" estos hechos.

Por "los muertos siempre se abría una investigación", pero "o no hay resultados o (...) absuelven" a los responsables, comentó a la AFP. 

Al menos veinte de los 219 militares que están bajo la jurisdicción especial cuentan con seguridad ante las amenazas que han recibido por sus declaraciones.