“Las personas de edad no son un grupo homogéneo”, indicó la experta al final de su primera visita oficial al país.

“Insto a las autoridades a desarrollar e implementar políticas y programas específicos que tomen en cuenta las necesidades de las personas de edad pertenecientes a los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los migrantes, las personas indocumentadas, entre otros grupos” afirmó la experta.

“Estos grupos siguen siendo invisibles en las políticas actuales relacionadas con el envejecimiento”, dijo Kornfeld-Matte al señalar que “se requieren medidas específicas para hacer frente a los retos lingüísticos, culturales y socioeconómicos que enfrentan estas poblaciones para acceder a los servicios sociales, de cuidado y de salud”.

Costa Rica tiene una población de aproximadamente 4,7 millones de personas de las cuales cerca del 9,24 % tiene 65 años o más. Se estima que esta cifra aumente a 11,5 % en 2050.

La experta en derechos humanos indicó que Costa Rica ha sido pionera en América Latina en la adopción de leyes, políticas y programas con un enfoque en derechos humanos. Asimismo, describió la Ley Integral para la persona adulta mayor, adoptada en 1999, como “un paso importante para abordar de manera integral la totalidad de los derechos de las personas mayores”.

“Sin embargo, hay una urgente necesidad de mejorar la coordinación y articulación entre las diferentes entidades encargadas de la aplicación de esta ley a fin de que la protección de los derechos de todas las personas de edad sea una realidad a nivel local”, añadió.

Kornfeld-Matte destacó sin embargo aspectos positivos como que casi todos los hospitales del país tienen servicios geriátricos.

También elogió la “Red de Cuido” como otro buen ejemplo de políticas destinadas a la prestación de servicios de atención a domicilio.

Sin embargo, a pesar de estos notables esfuerzos, aún hay largas listas de espera y los servicios de emergencia y de apoyo a cuidadores informales son todavía insuficientes.

“Las personas de edad también están siendo abandonadas en hospitales y espero que la adopción de la reciente política sobre las personas de edad que viven en la calle y el abandono revertirá este patrón actual”, advirtió.

Con respecto a la pensión universal no contributiva para todas las personas de 65 años o más de la Caja Costarricense del Seguro Social, la experta indicó que “los formularios son demasiado complicados, lo que excluye a los grupos más vulnerables de efectuarlos para percibir estos beneficios”.

La Sra. Kornfeld-Matte urgió al Gobierno a simplificar los procedimientos y a reducir el retraso en la aprobación de los beneficios de la pensión. Asimismo, pidió garantías adecuadas para proteger a las personas de edad que son frecuentemente víctimas  de maltratos por sus familiares, en particular, de abuso patrimonial.

“Si bien reconozco los esfuerzos realizados por el Gobierno para facilitar el acceso gratuito al transporte público, los programas de formación para los conductores y la accesibilidad, todavía necesitan ser mejorados en las zonas rurales y urbanas”, apuntó. “Sin transporte adecuado, las personas de edad no tienen acceso a una serie de derechos, incluida la salud”.

La experta recalcó que “las personas de edad tienen mucho que aportar al desarrollo del país y deben ser vistas como tales” y recomendó la adopción urgente de un programa nacional de empleo para las personas de edad que todavía están dispuestas y capaces de trabajar.

“De forma complementaria, es también urgente que se realicen campañas nacionales y locales de sensibilización acerca de la leyes, políticas y programas sobre el envejecimiento con el fin de informar a las personas de edad sobre sus derechos y luchar contra los estereotipos y la discriminación por razón de la edad”, destacó la experta de la ONU.

Durante su visita de diez días, Kornfeld-Matte visitó San José, Limón, Valle la Estrella, Liberia y Nicoya y se reunió con diversas autoridades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, personas de edad y otras personas que trabajan con este grupo etario.

Un informe completo sobre sus conclusiones y recomendaciones será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de este año.