La ministra de Planificación, Pilar Garrido, aseguró que la propuesta contempla un nuevo paradigma para la determinación de los salarios, el cual elimina “las distorsiones y las desigualdades”, con el fin de garantizar el precepto constitucional de “a igual trabajo igual salario, en las mismas condiciones”.

La normativa propuesta evitará el crecimiento acelerado o la creación de nuevos pluses salariales a futuro, en protección de las finanzas públicas, agregó.

“Estimamos que el ahorro promedio anual por la implementación de la ley sería del 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) para el sector público no financiero”, manifestó Garrido.

La iniciativa contempla también el mantenimiento de los estímulos no salariales por el buen desempeño de los servidores públicos; la creación de una plataforma en línea para publicar los concursos y dar cuentas del avance del reclutamiento; los principios de desvinculación para funcionarios con baja evaluación del desempeño; licencias de maternidad ampliadas en casos específicos, así como el permiso por paternidad.

“Tal y como fue nuestro compromiso, el proyecto está ahora en manos de los y las legisladoras para comenzar la discusión, luego de un proceso de diálogos constantes y nutridos con diferentes sectores, empezando por la Asamblea Legislativa, para fortalecer las propuestas”, puntualizó Garrido.

El presidente Carlos Alvarado calificó esta iniciativa como “una reforma fundamental para mejorar la calidad de los servicios públicos y para garantizar la sostenibilidad económica del Estado”.