Además de los EEUU, todos los otros países con el más alto ingreso y el mejor desarrollo humano (Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Japón, etc ) tienen–sin excepción-- un sistema parlamentario. Su ingreso per cápita fluctúa entre los US$ 53.300 dólares de Noruega a los US$ 42.000 de otros países europeos continentales. Incluso Nueva Zelanda—en el otro lugar del planeta, que hace un siglo y medio era una isla con ovejas, absolutamente pobre comparada con Argentina, México o Perú, pero que hoy vive con un exitoso y silencioso régimen parlamentario —tiene un per cápita de US$ 32.300 estimados para 2014. Supera a cualquier país latinoamericano en riqueza y equidad. Otro aspecto importante: esos US$ 40,000 anuales de los países parlamentarios de la OCDE están, además, bastante bien distribuidos: su índice de desigualdad promedio es apenas del 0,33, entendido 0 como la igualdad perfecta y 1 como la desigualdad absoluta.

América Latina—por el contrario-- no posee un solo país parlamentario ni nada que se le parezca. Su per-cápita promedio es de apenas US$ 9.913, es decir, la cuarta parte del de los países de la OCDE, y, por cierto, especialmente mal distribuidos. El promedio del índice de desigualdad de América Latina es para 2014 del 0,55, una de las peores del mundo. Ese es un signo del subdesarrollo: la inequidad. A la par del edificio con helipuerto privado de Sao Paulo, a pocos kilómetros de distancia un “favelado” de 5 o 6 millones de personas. Y todas nuestras capitales latinoamericanas tienen hoy el mismo paisaje. Los países presidencialistas son más pobres y desiguales y los parlamentaristas más ricos y equitativos. Así de simple.

La trampa del “juego suma cero” y del botín completo.- ¿Por qué el presidencialismo es arcaico, pre-moderno y no genera desarrollo, ni riqueza ni equidad social? Fundamentalmente porque impide la posibilidad de tener políticas públicas sostenidas y de largo plazo. Los sistemas presidencialistas generan la perversión de gobiernos de únicamente 4 años, donde opera el principio del “juego suma-cero”: quien gana el Ejecutivo asume que ha ganado la totalidad del “botín” para su partido y para su grupo de adherentes y bases electorales. Y se relega al resto de los sectores políticos y sociales a ser meros espectadores, y a esperar otros cuatro años a que la lotería del poder vuelva repartir el botín y la responsabilidad de la gestión pública. Sólo una visión del mundo prevalece en esos 4 años sin participar a las otras. Así las políticas públicas no podrán ser nunca exitosas.

A diferencia, los sistemas parlamentarios permiten un proceso de acuerdos y transacciones permanentes donde nadie, ni siquiera el partido que pasajeramente ha ganado el Ejecutivo, asume la totalidad del “botin político” y la toma de decisiones. En sociedades crecientemente más plurales y complejas como las del siglo XXI, sólo compartir el poder en el Parlamento y en los gabinetes del Ejecutivo garantiza tener políticas públicas que puedan incorporan los intereses de la mayoría de los actores sociales y económicos.

Por el contrario, entender la política como un “juego de suma cero” transforma las sociedades en una confrontación de antípodas, en una guerra permanente. Y desgasta a nuestros países en política públicas acotadas a los ciclo político-electorales, pues cada cuatro años se reinventa el Estado. El acuerdo y la transacción—bases de la democracia moderna—no existen. Este es uno de los principales vicios de la región. Adónde uno pone los ojos se encuentra el mismo fenómeno: Guatemala, Perú, El Salvador, Honduras, Costa Rica, México, Venezuela, Argentina, incluidas la mayoría de islas caribeñas. Ni siquiera Uruguay o Chile se salvan de ello. Esa deberá ser una de las principales reformas de la región si realmente quiere competir con el resto del planeta en este siglo XXI. ¿Cuál será el país que dé el primer paso?  

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