El plan contempla un tributo temporal a las transacciones electrónicas bancarias.

El plan incluye medidas tributarias como la creación de impuestos temporales a los salarios y a las rentas; la creación de un impuesto a las transacciones electrónicas y la eliminación de exenciones a varios sectores.

Otras medidas están dirigidas a reducir los costos de funcionamiento de las empresas, a fin de estimular la creación de empleo. Y se establecen también medidas para una reducción del gasto público en los próximos años.

Como medida de apoyo para el 20% de la población más pobre del país, se pñrevé la devolución del impuesto al valor agregado (IVA), de manera que las familias tengan un disponible mayor para la satisfacción de sus necesidades.

“Los efectos de la crisis sanitaria han generado un impacto económico sin precedentes, es por esta razón que nos hemos abocado a construir una propuesta para lograr un acuerdo razonable, que incluye la disminución significativa del gasto y  l aumento de los ingresos, que nos permita hacer un ajuste para beneficio de la familias y  que garantice la continuidad de  un Estado al servicio de la población costarricense”, manifestó el ministro de Hacienda, Elián Villegas, durante una presentación en compañía de otros altos funcionarios del sector económico.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, afirmó que “el país enfrenta un momento histórico y tenemos la responsabilidad de impulsar ese ajuste fiscal para asegurar la estabilidad macroeconómica y promover la reactivación y el bienestar de las familias costarricenses”.

“Hacer ese ajuste en el marco de un acuerdo con el FMI por tres años es nuestra mejor opción, pues daría acceso a recursos en mejores condiciones y proveería un sello de confianza en las políticas económicas del país”, aseguró el jerarca.

 

Medidas fiscales permanentes y temporales

Impuestos a transacciones bancarias. La iniciativa plantea la creación de un tributo a las transacciones bancarias, electrónicas y mediante cheques de 0,3% durante los dos primeros años. En los siguientes dos años, el impuesto bajaría a un 0,2%

Ejemplos del impacto: una transacción de ¢100.000 pagaría ¢30 en la primera fase; en la segunda ¢20.

Este impuesto permitiría financiar, entre otras cosas, lo que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) dejaría de percibir por concepto de cargas sociales, pues el proyecto incluye una reducción de las mismas para estimular la reactivación empresarial. 

Impuesto extraordinario sobre la renta a salarios (y pensiones), utilidades y remesas al exterior.

Impuesto adicional sobre la renta a los salarios superiores a ¢840.000 (hasta 840.000 estarían exentos). De ese monto en adelante se cobrará de la siguiente manera:

            -2,5% adicional para salarios de más de ¢840.000 hasta ¢1.233.000

            -5% adicional para salarios de más de ¢1.233.000 hasta ¢4.325.000

            -10% adicional para salarios superiores a ¢4.325.000

Impuesto a las utilidades (no aplica a las personas o empresas que no perciban utilidades)

            -2,5% a personas con actividades lucrativas con rentas netas mayores a los ¢3.638.000. Aumenta progresivamente hasta el último tramo.

Impuesto a las utilidades de las personas jurídicas

            -2,5% a las empresas con utilidades netas hasta ¢5.143.000. A partir de esa cifra irá aumentando el tributo progresivamente hasta un 10%. A las empresas con renta bruta superior a los ¢109.228.000 se les cobrará 6 puntos porcentuales adicionales.

Impuesto a las remesas al exterior

            Se cobrará un 5% para remesas al exterior a todas las rentas de fuente costarricense de personas físicas no domiciliadas en Costa Rica. 

Aumento a la propiedad de bienes inmuebles

También se proponen  el aumento del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles en 0,50%.

Eliminación de exoneraciones

La propuesta contempla además la eliminación de exoneraciones a cooperativas, al salario escolar, rentas de capital y SUTEL, entre otras.

 

Estímulo a la generación de empleo

Una parte de las medidas está destinada a favorecer la reactivación de las empresas y a reducir el costo de la contratación de personal, con el fin de incrementar los niveles de empleo en el país.

En tal sentido, la iniciativa contempla una reducción del 5% en las cargas sociales durante 4 años.

Otras cuatro medidas para promover el empleo y el crecimiento económico son la disminución de los costos de electricidad, las reformas para la promoción y creación de empleo, el Programa de Recursos Digitales al servicio de la Comunidad Educativa y el plan de alianzas público-privadas para la inversión pública.

 

Reducción de gastos

El gobierno se comprometería con el FMI a realizar un esfuerzo de reducción del gasto público por diferentes vías.

  • Una de las medidas consiste en impulsar una serie de reformas institucionales, como la eliminación o fusión de entidades desconcentradas que de algún modo dupliquen funciones.
  • Impulsar una reforma al régimen de empleo público, que entre otros aspectos eliminaría el pago de anualidades.
  • Una reducción de la deuda política (financiamiento de los partidos políticos) en un 50%.
  • Un plan de movilidad laboral voluntaria para unos 7.000 empleados públicos, a quienes se ofrecería un incentivo de 4 años adicionales de cesantía (12 en total) para su retiro.
  • Venta de activos estatales, en particular la Fábrica Nacional de Licores y el banco BICSA.