Una avalancha de manifiestos, proclamas y propuestas de acción se produjo en el Poder Judicial tras la noticia de que una mayoría de diputados encabezados por el Partido Liberación Nacional (PLN), destituyeron al magistrado Fernando Cruz Castro para "dar una lección" a la Sala Constitucional de que se está excediendo en sus atribuciones.

 

Decenas de despachos así como magistrados, jueces y otros funcionarios judiciales a título personal, se han pronunciado en tono "indignado" por lo que consideran un ataque inaceptable a la independencia de poderes.

 

La Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) calificó como una “injerencia peligrosa” la no reelección del magistrado Fernando Cruz y advirtió de los peligros que esta decisión encierra para el futuro del Poder Judicial.

La ACOJUD “lamenta profundamente los acontecimientos que rodearon la no reelección del magistrado de la Sala Constitucional Fernando Cruz Castro. El control político no puede ser utilizado para enviar advertencias a los jueces y juezas del Poder Judicial relacionadas con sus decisiones”, señala un comunicado de la agrupación.

La ACOJUD afirmó que las razones de “oportunidad política” esgrimidas por algunos diputados para no reelegir a Cruz “no son coherentes con el sistema democrático y constitucional de Derecho” y forma parte de una serie de “injerencias indebidas en la separación de poderes de la República”.

En declaraciones a la prensa, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Fabio Molina, dijo que la decisión se tomó en el ánimo de “hacer cambios para restablecer el equilibrio de poderes”, ya que la Sala IV se ha excedido en sus funciones.

“Vamos por un cambio del sistema. Es un llamado de atención: les decimos que queremos una sala constitucional que haga un control constitucional y no una sala excedida en potestades políticas”, declaró Molina en un careo con el diputado socialcristiano Luis Fishman en Telenoticias.

“La confusión entre las necesidades políticas e ideológicas, llevadas hacia este Supremo Poder se constituyen en un camino peligroso que lesiona severamente la garantía de  independencia judicial la cual no es un derecho subjetivo o propio, sino que se trata de un derecho ciudadano”, concluyó la ACOJUD.

Manifestación y luto

El jefe del Ministerio Público, Jorge Chavarría, reunió a los funcionarios de la Fiscalía la tarde del viernes y los invitó a presentar el próximio lunes 19 al vestíbulo de la Corte Suprema de Justicia como muestra de apoyo al magistrado Cruz y al estado de derecho del país.

El Fiscal General pidió al personal que se vista de negro como señal de protesta "al golpe que ha sufrido la institucionalidad del país".

Mientras tanto, los servidores judiciales de San Ramón de Alajuela hicieron un llamado a “una protesta nacional” de funcionarios judiciales el próximo jueves 22 de noviembre, a partir de las 10 a.m.

La manifestación saldrá de la Plaza de la Justicia y se enrumbará hacia la Asamblea Legislativa para expresar “nuestra indignación por el intento de someter el Poder Judicial a los intereses políticos”.

“Estimamos que la no reelección del magistrado don Fernando Cruz Castro, dispuesta el día de ayer, 15 de noviembre de 2012, por una mayoría de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, carece de razones que la justifiquen”, señala un comunicado de los servidores judiciales ramonenses.

“Consideramos que la explicación dada por el diputado que se muestra como dirigente del movimiento para no reelegir al Magistrado don Fernando Cruz Castro es antidemocrática y antirepublicana, por lo que, en consecuencia, deviene ilegítima y debe ser rechazada”, concluye.

Repercusión internacional

La noticia sobre la destitución del magistrado Cruz tuvo una inmediata repercusión internacional, al punto de que horas más tarde, la Unión Internacional de Magistrados y Jueces, que se reúne en estos momentos en Washington, emitió un pronunciamiento repudiando la decisión.

“Los jueces y las juezas no pueden ser perseguidos en razón de sus decisiones. A la justicia por un lado, le ha sido confiada la resolución de conflictos y el control de la regularidad y constitucionalidad de los actos de gobierno”, señala el pronunciamiento.

“Es el judicial el poder llamado a garantizar la paz social y el que recuerda a los gobernantes el límite de sus actuaciones y la fuente de sus poderes. No pueden jueces y juezas, magistrados y magistradas resultar directa o indirectamente afectados por el ejercicio de sus potestades”, agrega el documento.

“En razón de lo anterior, manifestamos nuestro apoyo a la institucionalidad democrática, al equilibrio de los Poderes del Estado y a la no injerencia entre estos y, por ello, repudiamos la destitución del señor magistrado Fernando Cruz Castro”.