El ente partidario le pidió a Arguedas la renuncia a la candidatura al segundo lugar por San José, luego de revelarse que existe una sentencia judicial en su contra por violencia doméstica de hace al menos diez años.

El criterio de la dirigencia del Frente Amplio es que Arguedas no debió ocultar estos hechos a la hora de postularse, pues los Estatutos del partido son claros en cuanto a no aceptar como candidatos a puestos de elección popular a personas que se hayan visto envueltas en este tipo de situaciones.

Sin embargo, Arguedas, quien es dirigente de uno de los sindicatos del ICE, se ha negado a aceptar la solicitud argumentando que la resolución judicial fue simplemente preventiva y que no hubo ninguna situación de violencia doméstica.

La situación se torna conflictiva porque no existe claridad de si, a estas alturas del proceso, el partido tiene la posibilidad de cambiar a su candidato. De hecho, la inscripción de las papeletas se cerró desde el mes pasado.

La resolución del conflicto quedará en manos del TSE, que deberá resolver de conformidad con la ley electoral y su propia jurisprudencia.

El caso de Arguedas se torna una piedra en el zapato para el Frente Amplio pues, de mantenerse el sindicalista en su actual posición, podría verse afectada la carrera de su candidato presidencial, José María Villalta, que marcha en segundo lugar según las últimas encuestas.

También podría afectar la posibilidad de la agrupación de aumentar significativamente su representación parlamentaria.