Sin embargo, a pesar de lo atinada que resulta esta decisión, la Sala Constitucional se cuestiona sobre su armonía con la Carta Magna.

¿Incineración de basura? La incineración es una de las formas de transformación térmica de residuos, actividad que busca extraer energía de los desechos ordinarios, pero que cuenta con un alto impacto en la salud humana y en el ambiente. Se ha determinado que las emisiones de las chimeneas de las instalaciones en las que se lleva a cabo la incineración, contienen una gran cantidad de metales pesados y compuestos químicos, mismos que, incluso, corresponden a sustancias cancerígenas.

En atención a los riesgos asociados a la actividad, a la falta de estudios específicos para el caso costarricense, al cumplimiento del principio precautorio y de la Ley de Residuos, el Ministerio de Ambiente y el de Salud decretaron una moratoria a la transformación térmica de residuos sólidos ordinarios (que incluye la incineración). Sin embargo, a pesar de lo atinada que resulta esta decisión, la Sala Constitucional se cuestiona sobre su armonía con la Carta Magna.

¿Qué reclaman? Dentro de los alegatos de los defensores de la incineración destacan: i) la moratoria atenta contra la seguridad jurídica y, ii) esta medida debe realizarse por ley y no por decreto.

¡No llevan la razón! El Estado costarricense tiene una serie de obligaciones ambientales que acatar, donde apuesta por la protección del ambiente. Una de ellas es la establecida en la Ley de Gestión Integral de Residuos, N° 8839, donde se reafirma una Política de Estado, de compromiso con la recuperación de residuos, actividad que tiene considerables beneficios ambientales, sociales y económicos para muchas familias.

En correspondencia con esta serie de compromisos, la Ley citada autoriza al Ministerio de Salud para que pueda tomar las medidas que considere necesarias para salvaguardar la salud tanto del ambiente como de las personas.

Por lo anterior, no es correcto afirmar que se incurre en una falta a la seguridad jurídica. Por otra parte, el decreto de moratoria incluye un transitorio para aclarar que los proyectos que se encuentren operando antes de su vigencia no se verán afectados, por lo que los desarrolladores no tendrían mayores perjuicios.

Medidas necesarias. La decisión del Gobierno encuentra sustento en el Principio Precautorio, de acuerdo con el cual, cuando no haya certeza científica sobre las consecuencias de una actividad, se deberán tomar medidas que protejan al ambiente. Ahora, se debe considerar que este tipo de incineración es una actividad que tiene como consecuencia asociada (demostrada), la generación de residuos (principalmente gases) que son altamente tóxicos. Sin embargo, a nivel nacional, a pesar de que hay una gran cantidad de iniciativas y suficiente presión política para que se desarrollen las incineradoras, a la fecha no se han realizado estudios técnicos objetivos, es decir, que no sean financiados por las empresas interesadas, que puedan demostrar la inocuidad del desarrollo de esta actividad.

Por lo tanto, existe una ley de la República que autoriza al Ministerio de Salud, para que, junto con otros ministerios, tomen las medidas necesarias para evitar que un mal manejo de los residuos, como ocurre en este caso con la emisión de gases altamente contaminantes -que podrían llegar a ocasionar daños ambientales o en la salud de difícil o imposible reparación- se desarrollen en el país.

Si bien estamos frente a una decisión del Gobierno que puede considerarse como una limitación comercial, la Sala Constitucional debe considerar que se está haciendo una elección entre los bienes jurídicos tutelados: vida versus comercio. De entre ambas opciones, la decisión estatal adoptada, además de encontrarse legalmente autorizada, es armónica con la Constitución Política costarricense, al proteger un bien jurídico superior a la libertad de comercio.

(*Asesora legislativa y ecologista).