Por decisión del Tribunal Contencioso Administrativo, en lugar de reanudarse la audiencia preliminar de la Demanda Ordinaria contra el Cartel No. 2013CD-000061-05101 y contra el Acto de Adjudicación al Consorcio UNIBE, presentada por Marcela Zamora, miembro de la Junta de Salud de Montes de Oca, fue suspendida por tercera vez la audiencia prevista para el 16 de noviembre.
En el proceso ordinario, la actora es Marcela Zamora Cruz, como coadyuvante está el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) y el abogado litigante es Bernal Gamboa, y la demanda es contra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Estado, la Contraloría General de la República, el Hospital Universitario UNIBE S.A. y el Consorcio Hospital Universitario UNIBE S.A. y Asociación Universidad de Iberoamérica, se lee en la carátula del Expediente: 13-006255-1027-CA.
La parte demandante señaló que “el representante de UNIBE se aprovecha de instrumentos procesales como lo es intentar desacreditar la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo para conocer el caso, vía un recurso de casación al rechazo del Juez Tramitador de la excepción 8834, competencia del Tribunal por la materia, sabiendo que la Sala I va a rechazar dicho recurso porque es manifiestamente improcedente”.
“Este recurso es un ardid judicial que va a demorar, de manera significativa, el proceso de la Demanda pues el mismo va a tardar tiempo en resolverse por el retraso en las agendas de los Tribunales de Justicia en Costa Rica” puntualizaron los demandantes.
El abogado de los demandantes, Bernal Gamboa, señaló que el proceso está cumpliendo 3 años desde que se interpuso en sede judicial y falta 1 año para que “la Contratación cuestionada llegue a término sin que ni siquiera se haya alcanzado la Etapa de Juicio”.
Zamora aclaró que la situación “es gravísima porque este proceso de UNIBE es la antesala de la privatización por medio de la figura de la concesión de los hospitales nacionales de la CCSS. Los Hospitales San Juan de Dios, el México y el Calderón Guardia podrían en un futuro salir a concesión pública por empresas privadas porque existe el precedente de las concesiones de Áreas de Salud y porque la población no tiene una posibilidad efectiva de oponerse a las concesiones ni por la vía administrativa ni por la vía judicial, siendo que este tipo de contrataciones, según el Reglamento de Compras a Terceros de la CCSS, deberían ser excepcionales y no la norma, como se constata con este caso”.
El juicio se encuentra en la Audiencia Preliminar, en la etapa de Excepciones, en la que los demandados tienen el poder jurídico de oposición mediante el cual, “sin negar el fundamento de la demanda, tratan de impedir la iniciación del proceso paralizándolo momentáneamente retardando la contestación o extinguiendo el proceso definitivamente” señaló la parte demandante.
En enero de 2013, autoridades de la Caja indicaron que al terminar el período de cuatro años autorizado por la Contraloría para la concesión de la prestación de servicios de salud por parte de una empresa privada, la Caja debería tener organizada la prestación de servicios ya fuera prestándolos directamente o bien mediante un proceso licitatorio ordinario.
