En esta ocasión la Fiscalía acusa al exministro de Ambiente, Roberto Dobles y a seis personas más por el supuesto delito de prevaricato, luego de que otorgaran la fallida concesión del proyecto minero en Cutris de San Carlos.

Este es uno de los casos de corrupción más importantes del país y es gracias a las denuncias por parte de organizaciones y abogados ambientalistas que el Tribunal Contencioso Administrativo, en 2010, anuló la concesión otorgada a la empresa canadiense Industrias Infinito en 2008 para la explotación a cielo abierto de la mina de oro y señaló, en aquel fallo, una “orquestación de voluntades” por parte de altos jerarcas, incluidos el expresidente Oscar Arias Sánchez y el exministro Roberto Dobles.

La reapertura del proceso judicial inicia en medio denuncias por desobediencia al fallo de la Sala Constitucional sobre la responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo de remediar ambientalmente el impacto que sufre la zona de Cutris de San Carlos, por la minería ilegal.

Mediante un recurso de amparo interpuesto por organizaciones ambientalistas desde el 2019, los y las magistradas les han dado razón declarando el recurso con lugar y ordenando al gobierno a hacer acciones para remediar el problema de la minería ilegal, pero que ni la administración Alvarado-Quesada, ni la administración Chaves-Robles han ejecutado con eficacia. Incluso, el ministro de ambiente Franz Tattenbach se ha mostrado reacio a cumplir con este mandato judicial (1), por lo cual podría incurrir en un delito por desacato a la Sala Constitucional.

Al mismo tiempo la empresa Infinito Gold ha reabierto el proceso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial en la que demanda a Costa Rica por más de 300 millones de dólares por cancelar dicha concesión en 2010. Este proceso ha servido como excusa al gobierno de Rodrigo Chaves para emitir una serie de opiniones desafortunadas sobre el futuro de la mina Crucitas, sin que necesariamente el futuro fallo del CIADI comprometa a Costa Rica a activar dicha concesión, como se ha insinuado por parte del gobierno.

Este tribunal internacional solo puede determinar si la compensación económica solicitada por la empresa está apegada o no a lo que determinan las normas internacionales sobre inversión de la Organismo Mundial de Comercio. Hay que recordar el CIADI en junio del 2021 falló a favor de Costa Rica, librándola de toda responsabilidad con la empresa minera, pero esta decidió apelar dicha sentencia.

1. Gobierno renuncia a limpiar el mercurio de Crucitas

https://semanariouniversidad.com/pais/gobierno-renuncia-a-limpiar-mercurio-en-crucitas/