Las empresas son Hidroenergía del General, Unión Fenosa Generadora La Joya, PH Chucás e Hidrotárcoles.

El ICE firmó con cada una de esas empresas contratos para producir energía de fuente hídrica bajo la modalidad denominada BOT, en la que el operador privado se compromete a construir y operar las instalaciones durante un periodo determinado, al cabo del cual debe transferir los bienes y la explotación del negocio a la institución.

Según el ICE, los desarrolladores privados presentaron demandas para que el ICE los indemnice por atrasos en el tiempo de construcción y su consecuente atraso en la entrada en operaciones de los proyectos, además de gastos adicionales en los que han incurrido.

La institución considera que los reclamos no se justifican porque esas incidencias son

riesgos propios de la inversión y no responsabilidad del ICE.

Otros dos procesos fueron presentados en vía administrativa ante el Instituto, por $61,5 millones. Uno fue rechazado y el otro está en fase de estudio para dar una respuesta.

“Ya el caso impugnado por Hidroenergía del General fue fallado a favor del ICE (por las autoridades judiciales), en todos sus extremos incluyendo costas, y actualmente está en casación. Los demás se tramitan ante los tribunales respectivos”, señaló el ICE.

“La administración actual del ICE tiene el compromiso de respetar lo firmado con los desarrolladores, todo apegado a la ley. El acatamiento de las partes a los compromisos contractuales tiene el efecto de garantizar la calidad y el acceso de los servicios eléctricos, junto a mantener una tarifa eléctrica justa”, explicó Julieta Bejarano, directora jurídica del ICE.

Origen de demandas

Hidroenergía del General: pretende el reconocimiento de gastos por sobrecostos en la obra. El ICE sostiene que esos montos fueron provocados por decisiones de la empresa y ésta debe asumirlos, como se estipula en el contrato.

La demanda contra el ICE se dio en mayo de 2012. Fue declarada sin lugar en todos sus extremos y el desarrollador fue sentenciado a pagar costas. Este optó por un recurso de casación, por lo que se aguarda la resolución final de la Sala I.

Unión Fenosa Generadora La Joya: la Sala Constitucional y el juzgado penal de Turrialba suspendieron el proyecto durante un corto lapso por denuncias de particulares ante una supuesta afectación de acuíferos. El ICE reconoció ese plazo de suspensión, pero la empresa pretende el pago de sobrecostos que para el Instituto no tienen justificación.

 La acción se presentó en setiembre de 2010. El caso pasó a juicio, que se realizará en marzo en el Tribunal Contencioso Administrativo.

PH Chucás: demanda por sobrecostos atribuida por la empresa a razones de fuerza mayor y caso fortuito. A criterio del ICE, estas situaciones obedecen a la planificación deficiente del contratista. La empresa también pretende evitar las multas derivadas de la no entrada en operación comercial del proyecto.

En diciembre pasado, la causa por sobrecostos entró a un tribunal arbitral; el ICE ya entregó su defensa. En cuanto a las multas, el consorcio formuló una demanda contenciosa en julio pasado, que está pendiente de resolución.

Hidrotárcoles: es el proceso más reciente. El ICE decidió finalizar el contrato en diciembre pasado, pues tenía apenas un 25% de avance a la fecha estipulada para iniciar su operación comercial. Por esta acción, la empresa demandó al ICE ante el Tribunal Contencioso.

Actualmente, el Instituto está en período de respuesta de la demanda contenciosa de diciembre de 2015.