Las obras públicas llegan a atrasarse por años debido a las interminables apelaciones.

“Costa Rica es un país de derecho y de una fuerte institucionalidad democrática. En ese marco existen los sistemas recursivos como son las apelaciones, pero también existen los derechos fundamentales de los ciudadanos”, manifestó el mandatario en una declaración pública.

Uno de esos derechos, dijo, es el de poder contar con obras como carreteras, acueductos, escuelas, o parques nacionales, entre otros, en un plazo razonable.

“El sistema como está actualmente permite que se hagan muchas apelaciones, retrasando por tiempos largos los procesos de contratación y adjudicación de esas que obras tan necesarias. Si bien debemos tener esos recursos para garantizar la transparencia de los procesos de adjudicación, hay que procurar que se cumplan los tiempos que los ciudadanos esperan”, apuntó Alvarado.

Con frecuencia, las obras cuentan con el financiamiento y los planes para su desarrollo, pero se van posponiendo porque los procesos de apelaciones resultan interminables, de acuerdo con el gobernante.

Actualmente, la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República analizan un proyecto para reformar la ley de contratación administrativa, con el fin de mejorar y transparentar mejor los procesos. Uno de los puntos se refiere a la necesidad de reducir el número de recursos mediante la imposición de multas a los recurrentes, cuando sus apelaciones no estén debidamente sustentadas.