En Costa Rica las formas de violencia organizada por parte de los agresores, ya se han hecho presentes en reiteradas ocasiones en territorios indígenas como Salitre, Cabagra y Térraba y está latente en otros territorios, también indígenas, donde predominan los “blancos” que no les ha bastado con todo lo usurpado si no que siguen robándoles a quienes son poseedores legales y legítimos de esos territorios indígenas.

La historia de agresión, persecución y racismo contra nuestros pueblos originarios se remonta a la época de la invasión de los europeos y se recrudece con la esclavitud que hasta hace relativamente poco -finales del siglo XIX- era legal y se vendían en Costa Rica esclavos negros o chinos a 200 o 300 pesos según fuera de primera y segunda clase.

Pero la memoria en Costa Rica es flaca, corta y manipulable. Nuestra condición indígena y nuestra diversidad ha sido y profundamente negada, al punto que estas indignantes palabras fueron dichas por el entonces Presidente de la República Rafael Ángel Calderón Fournier, en la II Cumbre Iberoamericana en España, quien durante una entrevista y en respuesta a una interrogante sobre la conmemoración de los 500 años de la invasión europea, todavía llamada "descubrimiento de América", comentó: “En nuestro país no hubo derramamiento de sangre, ni enfrentamiento con España. Curiosamente, en Costa Rica no había población aborigen. Este país se forma de inmigrantes que empiezan a llegar hace poco menos que quinientos años. Humildes campesinos españoles que vinieron a trabajar y a forjar una nación de paz” (ABC de España, 1992).

Lo cierto es que en Costa Rica hay ocho pueblos indígenas vivos, o más bien sobrevivientes a la aniquilación sistemática de personas originarias, sobrevivientes de un genocidio que se sentó sobre las bases del racismo y el eurocentrismo. Así es como en 2016 unos no tan humildes y pacíficos "no indígenas" se han dedicado a usurpar, linchar, machetear y marcar indígenas como ganado.

Y como si fuera poco, en la ASADA de San Juan de Cabagra que es manejada por “blancos” nada labriegos y sencillos, fue colocada una supuesta "fuente pública" para los pueblos indígenas, que no es más que un tubo hecho, literalmente, para que cerdos succionen agua, un tubo para chancheras que no tiene llave.

Con este denigrante, pusilánime y despreciable acto se puede entender el contexto de los actos de violencia del 7 de abril pasado donde a machetazos, en días recientes con armas de fuego, han herido a varios indígenas que decidieron recuperar su propia tierra.

Antecedentes.

El 5 de julio del 2014 mientras la mayoría del país celebraba el resultado de la selección en el mundial, fuera de “la cancha”, otros hombres caminando envalentonados, sin nada que celebrar, con pañuelos, tubos y machetes, toman tierras para usurpar, esta vez en Salitre, territorio indígena Bribri de Buenos Aires de Puntarenas.

Entre los antecedentes de esta agresión en Salitre, están denuncias que van desde las amenazas de muerte, intentos de homicidio hasta las agresiones físicas consumadas por parte de no indígenas en contra de indígenas de Térraba y Salitre. Una de esas ocurrió, cuando un indígena Térraba trató de oponerse a la invasión de sus territorios y a la tala ilegal de árboles, resultando brutalmente agredido (1-9-13).

También está el caso de la agresión en contra de la comunidad indígena por denunciar anomalías en el colegio de Térraba. Uno de los hechos más grave se dio cuando un grupo de más de 50 no indígenas con armas de fuego, machetes, tubos, piedras y palos, atacaron cobardemente a dos familias indígenas de Salitre llegando a machetear, amputar dedos y marcar con hierro ganadero a un indígena (Informatico.com 10-8-13).

Referencias recientes a estos hechos van desde 1989 con el asesinato de Antonio Zúñiga, indígena luchador en contra de la cacería ilegal, "murió en circunstancias no esclarecidas" en el Territorio Indígena de Ujarrás (Diario Extra, 2-7-15). En 1998 grupos organizados de personas no indígenas llevaron a cabo en Salitre un “desalojo forzoso” en perjuicio de una familia indígena, quien por medio de la organización tradicional de la comunidad interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, el cual fue acogido declarando el acto como ilegítimo (Chacón, 2001).

Hace casi 7 años (9-8-2009) ocurrió el vergonzoso hecho donde la policía golpeó y sacó a empujones de la Asamblea Legislativa a 21 manifestantes indígenas que demandaban una respuesta gubernamental sobre el futuro de la ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas (aun hoy sin ser aprobada). Varios indígenas Térraba enfrentaron procesos judiciales a raíz de una manifestación pacífica (12-10-2010) en contra del Proyecto Hidroeléctrico Diquís (Juzgado Contravencional de Buenos Aires, Exp. 10-200754-0634-PE). Esta causa se une al acoso de interesados y promotores del PH Diquís.

Según los indígenas, la dirección del proyecto ha estado incitando a la división y discriminación, diciéndole a sus empleados que “por culpa de los indios se van a quedar sin trabajo” (Comunicado de voceros del Territorio Indígena Térraba, 22/02/2011). En 2009, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas -FRENAPI- denunció que dirigentes locales estuvieron recibiendo amenazas en varias ocasiones (Ver Informe DDHH –CIDH, 2010).

En muchos de estos eventos, se ha denunciado a los mismos cuerpos policiales por estar involucrados con el asesoramiento a las bandas paramilitares para disparar y reprimir a campesinos, como en Medio Queso durante el conflicto agrario (Elpais.cr, 11-23-12). El grupo policíaco paramilitar “Comando Cobra” que fue parte de la Guardia de Asistencia Rural (GAR) cuyos integrantes fueron condenados por el asesinato de dos indígenas y la violación de al menos dos mujeres indígenas, así como por hurtos y privaciones agravadas de libertad (La Nación, 12-5-96).

Con todos estos antecedentes donde el Estado, de manera directa o por omisión, es el principal responsable, resulta más indignante aún que el Gobierno actual antes de “pacificar” estos territorios insista en impulsar un protocolo de consulta tratando de disimular las fauces extractivas de muchos megaproyectos como Diquís y los intereses sobre los bosques, amparados en RED +, entre otros, que son los intereses detrás de la consulta.

Son muchos los hechos de violencia –que solo por milagro o por el temple pacifista de estos pueblos no han terminado en la muerte de un indígena– que se suman a la más terrible de todas las formas de violencia: nuestra indiferencia ante esta situación. Además de la negación y abandono a la que han sido sometidas estas comunidades que solo son recordadas en efemérides, actos folclóricos y por estos lamentables hechos.

Presidente de FECON y profesor en la Universidad de Costa Rica.
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