La tarde del pasado sábado primero de junio, un grupo de casi 20 mujeres de diversas edades decían palabras en voz alta: "decisión", "libertad", "iglesia", "empoderamiento". El concepto de anticoncepción de emergencia les traía esas ideas a la mente. Y así fue como esa tarde, reunidas en círculo en el Centro de la Cultura de Cartago, en una de las ciudades más conservadoras y religiosas del país, estas mujeres compartieron complicidades y café. Fue una actividad organizada por la Colectiva por el Derecho a Decidir, con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebra cada 28 de mayo.
Allí una habló de cómo en su familia le decían “mala mujer” porque no había querido tener hijos ni casarse, “ni prestarlo”; y otra compañera compartió el terrible recuerdo de como a los 11 años terminó “juntada” con un hombre de 31 años, que además la presionaba para que quedara embarazada rápido. Muchas fueron historias de dolor; pero otras también de fuerza y valentía.
Esto ocurría tan sólo un mes después de que el Gobierno costarricense emitiera un decreto para que por fin, las mujeres tuviéramos acceso a la pastilla de anticoncepción de emergencia, en las farmacias del país. Según informó la empresa farmacéutica Quinfica, autorizada para comercializar la pastilla Posterga, esta semana empezarían a distribuirla en las farmacias, a un costo de ¢18.000.
Esta decisión gubernamental, que llega después de un largo camino, tiene que ver con el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entiéndase entre otros: derecho a decidir de forma libre e informada si se quiere tener hijos o no; acceso a servicios integrales y universales de salud sexual y reproductiva; y acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia.
¿Qué es y cómo funciona la pastilla?
De acuerdo con información del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER), la píldora anticonceptiva de emergencia es una pastilla que contiene levonorgestrel y que se usa para prevenir un embarazo no planeado o no deseado, después de una relación sin protección. Se conoce como la “pastilla del día después”.
Se usa en caso de violaciones, después de una relación sexual sin protección anticonceptiva, o
si el método anticonceptivo falló (por ejemplo, si se rompió el condón o se quedó dentro de la vagina, si la mujer olvidó tomar la píldora anticonceptiva normal, expulsó el dispositivo intrauterino, o no hizo abstinencia sexual en sus días fértiles).
Pueden usarla todas las mujeres, jóvenes y adultas. Es casi 100% efectiva si se toma en las primeras 24 horas. Por eso mientras antes se tome, mejor. De 100 mujeres que la usan, se pueden embarazar entre una y tres.
Al tomarla, algunas mujeres pueden sentir náuseas, dolor de cabeza, cansancio o sensibilidad en los senos. Si la mujer vomita antes de dos horas de ingerida, debe repetir la dosis. Las molestias no duran más de 24 horas.
Evita la ovulacion o que el óvulo sea fecundado. No impide la implantación, ni interrumpe un embarazo. Tampoco es efectiva si hay un embarazo en curso. Por lo tanto, no es abortiva. Sólo se usa en casos de emergencia; no es un método regular de anticoncepción; ni protege de infecciones de transmisión sexual.
La pastilla debe ser accesible para todas las mujeres
En 1964 el científico holandés Ary Haspels experimentó tratando a mujeres víctimas de violación con dosis altas de etinilestradiol, como método de anticoncepción de emergencia. Pero fue hasta 1974 cuando el canadiense Albert Yuzpe propuso un régimen seguro y eficaz, con altas dosis de estrógeno y progestina, que fue ampliamente aceptado y se popularizó como “Método Yuzpe”. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la anticoncepción de emergencia puede prevenir más del 95% de los embarazos, cuando se utiliza en los cinco días posteriores a la relación sexual y que no tiene ninguna contraindicación médica ni tampoco ningún límite de edad.
La lucha para que el Estado costarricense y una sociedad machista permitan a las mujeres de todas las edades y estrato social ejercer sus derechos sexuales y reproductivos ha sido difícil en un sistema patriarcal, en el que la religión ha interferido en la política desde siempre.
El pasado 28 de marzo se realizó en la Asamblea Legislativa un foro sobre derechos sexuales y reproductivos.
Ese día, Mercedes Álvarez Rudín, de la Colectiva por el Derecho a Decidir, explicó que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y son obligaciones. Algunos de estos derechos son: a una sexualidad plena en condiciones seguras, al placer, a tomar decisiones libres sobre la sexualidad sin coerción y sin violencia (que no se nos impongan prácticas sexuales), a la información sobre salud sexual y reproductiva, a elegir a la pareja o a las parejas sexuales, y a ejercer derechos sexuales sin discriminación por identidad de género ni orientación sexual.
También son derechos sexuales y reproductivos el derecho a una vida libre de violencia, a prevención y tratamiento del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), a decidir de forma libre e informada si se quiere tener hijos o no, a servicios integrales y universales de salud sexual y reproductiva, a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces -incluyendo la anticoncepción oral de emergencia-, a prevenir el embarazo en la adolescencia, a prevenir la mortalidad y la morbilidad materna, y, por supuesto, a prevenir y evitar un aborto inseguro.
Pero en la práctica hay muchos obstáculos para que estos derechos se vuelvan realidad. Por ejemplo, la falta de voluntad política y el machismo.
Fue el pasado 29 de abril cuando el presidente Carlos Alvarado y el Ministro de Salud Daniel Salas firmaron el decreto N° 41722-S, que permite la dispensación de la anticoncepción oral de emergencia en establecimientos que cuenten con Permiso Sanitario de Funcionamiento para Farmacia y con el debido asesoramiento farmacéutico del regente. El decreto lleva fecha de 23 de abril, aunque fue firmado el 29. El 25 de abril el Ministerio de Salud aprobó la pastilla Posterga, luego de seis años de trámites por parte de la empresa distribuidora Quinfica. El 16 de mayo entró a regir el decreto.
Si bien por ahora tiene un precio de ¢18.000, accesible sólo para quienes puedan pagarla, activistas por los derechos de las mujeres opinan que la Caja Costarricense del Seguro Social tiene la obligación de empezar los procedimientos para incorporar la pastilla en su oferta de anticonceptivos.
De acuerdo con un comunicado del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), la pastilla debe ser accesible. “Si una mujer fue víctima de violación o si tuvo una relación sexual de riesgo debe tener la opción de acceder libremente a la píldora de anticoncepción de emergencia”.
“Según la Organización Mundial de la Salud, todas las mujeres y niñas que corran el riesgo de un embarazo no deseado tenen derecho a la anticoncepción de urgencia. Estos métodos deberían integrarse sistemáticamente en todos los programas nacionales de planificación familiar. La pastilla debería integrarse en los servicios de salud que se prestan a las poblaciones con mayor riesgo de relaciones sexuales sin protección, incluida la atención posterior a una agresión sexual”, señaló el INAMU. Y agregó: “Cualquier limitación al acceso a este medicamento constituiría una restricción innecesaria y sin sustento técnico”.
De acuerdo con la II Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2016, realizada por el Ministerio de Salud y la Asociación Demográfica Costarricense, cada vez las costarricenses están teniendo -y quierendo- un menor número de hijos. Las mujeres de 15 a 49 años han tenido en promedio 1.6 hijos. Además, un 49,8% de las mujeres no deseaban el último embarazo.
