La legislación impulsada por la diputada Silvia Hernández (PLN) reforma y modifica la Ley General de Concesiones de Servicios Públicos con el objetivo de combatir las debilidades de la figura de concesión y generar capacidades, transparencia y disposición de recursos para una adecuada implementación de los proyectos.

En consecuencia, el presidente Alvarado, firmó este jueves la Ley de Fortalecimiento de Modelos Eficientes de Alianzas entre el Sector Público y Privado (APPs) (Ley 9701) para mejorar la gestión y el desarrollo de infraestructura pública.

 “Fortalecer las alianzas público privadas permitirá acelerar el crecimiento y desarrollo del país y aprovechar al máximo nuestras capacidades para impulsar obras de infraestructura. Esto es lo que Costa Rica necesita hoy para dinamizar la economía y generar más y mejores empleos para todas las personas”, reflexionó el mandatario.

La firma de la ley estuvo a cargo del presidente Alvarado, el Ministro a.i de Hacienda, Nogui Acosta, y el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata. En el acto participaron, además, la Ministra de Planificación, Pilar Garrido, y la diputada Hernández.

La presente ley dota elementos para la implementación de modelos eficientes de asocio entre el sector público y privado, a través de herramientas como la Optimización de Activos de Infraestructura Pública, el Fortalecimiento de la Pre-inversión, el Desarrollo de Capacidades Técnicas y la Atracción de inversión a proyectos”, precisó Hernández.

Las principales modificaciones son las siguientes:

-       Amplía la posibilidad de concesionar bienes de uso público, agregando la figura “optimización de activos de infraestructura” como uno de los posibles contratos administrativos. Esto permitirá, por ejemplo, concesionar infraestructura que ya existe, para poder darle mantenimiento y garantizar sus buenas condiciones.

-       Concesionarios deberán reconocer al Gobierno un pago inicial o diferido por las obras preexistentes. Estos recursos deberán ser invertidos en proyectos de obra pública y servicios conexos.

-       Elimina la restricción para la contratación de estudios que existían previamente y fortalece las funciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones, órgano desconcentrado del MOPT, incluyendo entre sus tareas la promoción nacional e internacional de los proyectos por concesionar.

-       Se agregan fuentes de ingresos al Fondo Nacional de Concesiones para la promoción de capacidades de la institución y la pre-inversión de proyectos.

En este sentido Alvarado remarcó que “es un compromiso del Gobierno utilizar la figura de las APPs para desarrollar las obras públicas que requiere el país, para tener infraestructura de primer nivel y para crecer y generar empleos”.

En tanto, Hernández consideró que “nuestro país debe dejar de lado el prejuicio hacia modelos de asocio público-privado, pero sobre todo dar el salto hacia una forma de gestionar infraestructura con visión de largo plazo, solidez técnica, transparencia y un beneficio palpable para las comunidades cerrando la brecha actual en infraestructura pública”.

La ley firmada este jueves es uno de los proyectos que el gobierno se comprometió a convocar con la fracción del Partido Liberación Nacional, en el marco de la negociación del Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.