Además, “esto contravendría la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional para América Latina (GAFILAT), así como las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el sentido de que es fundamental identificar a los propietarios últimos de una sociedad anónima. Dicho de otra forma, es necesario conocer las personas físicas que se encuentran detrás de la figura jurídica, que es la sociedad”, señaló un comunicado de Hacienda.

Tributación recurrió la medida y, por lo tanto, no es firme y no podrá ser aplicada hasta que sea resuelta, indicó el comunicado.

“El Ministerio de Hacienda usará todos los medios legales que estén a su disposición para revertir esa decisión, que se prevé, tendría un impacto negativo en las capacidades tributarias y en la imagen internacional del país”, señalaron las autoridades.

Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos, expresó que “nos preocupa que esto vaya a impactar de forma negativa la evaluación del Peer Review, fase II, que hará la OCDE en la tercera semana de setiembre, en París, sobre la transparencia en el intercambio de información tributaria, así como el efecto negativo sobre el proceso de acceso del país a la Organización”.

“Esto es un golpe a la potestad administrativa para la obtención de información previsiblemente pertinente para efectos tributarios, que está expresamente regulada con los alcances y las limitaciones establecidas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios”, aseguró Rodríguez.

“Es un golpe, además, a la capacidad del país para fiscalizar las obligaciones tributarias y combatir la evasión de impuestos, que nos afectará en un momento delicado de las finanzas públicas, por lo que haremos el esfuerzo legal necesario para que se comprendan los alcances de esas potestades tributarias de solicitar información y su importancia.”

El ministro de Hacienda, Helio Fallas, dijo que Hacienda ha tenido que enfrentar diferentes procesos judiciales con los que se ha tratado de afectar las capacidades de control y de recaudación, “por lo que nos propusimos fortalecer a la Administración Tributaria y las sanciones por no pago y defraudación de impuestos”.

“Estos retos demandan el compromiso de todos los sectores para que apoyen esta lucha que beneficia a toda la población. Por eso, hacemos una instancia respetuosa a los señores diputados y señoras diputadas para que aprueben a la mayor brevedad los proyectos de Ley de Lucha contra el Contrabando y de Ley de Lucha contra el Fraude, con los que fortaleceríamos el cobro de impuestos ante la coyuntura que vive el país.”