Los funcionarios del MINAE lograron hacer la inspección el miércoles mediante un sobrevuelo, pese a que las autoridades nicaragüenses les impidieron navegar el río San Juan para ingresar a la zona por vía terrestre.

La diligencia había sido notificada a la secretaría de la Comisión Ramsar, a la Corte Internacional de Justicia y al propio gobierno de Nicaragua, según informó la Presidencia.

“La evidencia, de conocimiento público, muestra la apertura de uno de los caños, con una medida entre 20 y 30 metros de ancho, y de más de 200 metros de largo, que claramente provoca daños irreparables a la isla costarricense”, precisa el informe oficial.

“Se muestra una draga, cuyas mangueras descargan el sedimento producto de la obra en el río San Juan, contaminando dicho río nicaragüense. Asimismo, se muestra un campamento militar de mediana dimensión en el lugar”, agrega.

La Presidencia anunció que con la prueba recabada el país presentará una denuncia formal ante la Secretaría de la Convención Ramsar, “con el fin de que se registre el daño irreparable que se ha perpetrado al Humedal Caribe Noreste”.

Al mismo tiempo, los abogados de la Cancillería analizan la nueva evidencia a fin de determinar las acciones a seguir ante la Corte Internacional de Justicia.

La Presidencia aclaró que las actividades que realiza el gobierno nicaragüense en Isla Portillos no fueron detectadas oportunamente porque los funcionarios costarricenses no tienen acceso a la zona, en virtud de las medidas cautelares dictadas por la CIJ.

El alerta se produjo hace un par de semanas, precisó el informe.