La decisión la tomó la Corte al tiempo que ordenada abrir un procedimiento administrativo al magistrado Celso Gamboa, por una presunta relación con el dueño de esa empresa, el controversial empresario Juan Carlos Bolaños.

A finales de agosto, el diputado Ottón Solís denunció que el fiscal general se estaba tomando a la ligera el tema del cuestionado crédito, luego de que Chavarría dijera públicamente que “todo el mundo tiene sociedades de papel” en referencia a que Bolaños habría recibido el crédito del BCR en una sociedad creada con ese único fin.

Chavarría ha rechazado las acusaciones del legislador y asegura que la Fiscalía tiene abiertas varias líneas de investigación sobre el caso del cemento chino, aunque no dio detalles al respecto.

Pero este caso es solo el último episodio de una serie de hechos protagonizados por el Fiscal que han provocado indignación en el país, una indignación que se refleja con intensidad en las redes sociales, donde proliferan los llamados al Poder Judicial para que releve a Chavarría.

Recientemente, la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) que agrupa a la mayoría de los jueces y juezas de la República, repudió una declaración pública de Chavarría amenazando a los miembros de un tribunal que reactivó el llamado caso “Crucitas” en el que aparece involucrado el ex presidente Oscar Arias.

El pasado 6 de setiembre, el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José devolvió el expediente a un juzgado penal para que retome la investigación, tras detectar un “vicio grave” en el proceso en el que fueron acusados Arias Sánchez y el su exministro de Ambiente,  Roberto Dobles.

En ese proceso, Dobles fue hallado culpable del delito del prevaricato en 2015 por haber firmado junto con Arias un decreto que declaraba de interés público la explotación de una mina de oro en Crucitas, en la zona norte del país.

El Tribunal II Penal, al ordenar el retorno del expediente a una etapa anterior, llamó la atención sobre el hecho de que, aunque fueron dos los funcionarios que firmaron el decreto “por las razones que sean y que esta Cámara desconoce, solamente uno de ellos fue remitido a juicio, en violación al principio de igualdad procesal y de ejercicio legítimo de la defensa”.

La reacción de Chavarría a esta decisión fue agresiva, al punto de amenazar con pedir sanciones disciplinarias contra los jueces que integraron el tribunal.

La organización señaló que estas son “amenazas directas en contra de las personas juzgadoras (…) por el solo hecho de ser contrarias a los intereses del órgano acusador“.

Se trata, agregó, de una “presión innecesaria con motivo de resoluciones que tienen vías procesales para ser revisadas” con lo cual se debilita la institucionalidad del país “al poner en entredicho la labor que desarrolla el Poder Judicial”.

Desde hace varios años, la estrecha relación de Chavarría con Arias es un secreto a gritos y el tema resurge cada vez que el ex presidente sale ileso de acusaciones que podrían implicar un proceso penal.

En 2011, la Fiscalía desestimó una denuncia en el sentido de que la Fundación Arias había recibido una cuantiosa donación de la empresa canadiense Infinito Gold, la misma que pretendía explotar el oro de Crucitas, argumentando que las autoridades canadienses no habían querido cooperar.

A Chavarría también se reclama el casi nulo avance de investigaciones en casos en que aparecen o podrían aparecer involucradas altas figuras del Partido Liberación Nacional, como es el caso de la ruta 1856, más conocida como “la trocha”, una en la que se desvanecieron miles de millones de colones y aún no se han sentado responsabilidades en los niveles de mando político.