La consulta de constitucionalidad al plan fiscal aprobado en primer debate por el Plenario Legislativo, se tramita bajo el expediente 18-16546 en el Tribunal Constitucional.

El documento consensuado fue avalado por catorce diputados, en su mayoría de Restauración Nacional (PRN), encabezados por Eduardo Cruickshank y Carlos Avendaño, miembros de la comisión que dictaminó el proyecto, José María Villalta del Frente Amplio y Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN).

“Presentamos la consulta porque queremos buscar el rostro humano a este proyecto. Estamos convencidos de que se violenta el principio constitucional de justicia tributaria al obligar a los dos deciles más bajos de la sociedad, que ganan unos menos de ₡50.000 y otros menos de ₡100.000, a pagar un impuesto que sobrepasa sus posibilidades”, señaló Cruickshank

Para Villalta la consulta pudo incluir otros temas porque, dijo, "es evidente que varios artículos del proyecto de ley cuentan con serios vicios de inconstitucionalidad. Confiamos en que la Sala (IV) los analice a profundidad y que su resolución en el plazo de un mes abra una nueva oportunidad para que el Plenario enmiende los contenidos del proyecto de ley que lesionan los derechos de los sectores más vulnerables de la población".

Agregó el diputado del FA que durante los debates tanto en Comisión como en el Plenario se presentaron mociones “para corregir todos los puntos aquí señalados, lamentablemente la intransigencia del Gobierno y sus aliados impidió corregir esos vicios en etapas previas del trámite" lo que obligó al grupo de diputados de oposición a tramitar la consulta ante la Sala IV.

Los diputados consultaron a la Sala IV sobre la inconstitucionalidad de ocho aspectos incluidos en el plan fiscal:

1 La violación al principio de justicia tributaria al establecer un impuesto del 1% a los artículos de la canasta básica.

2 -Inconstitucionalidad de la regla fiscal por afectar al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en cuanto al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) o Seguro de Salud. Además de establecer límites al crecimiento del gasto corriente del Estado.

3 -Inconstitucionalidad de la eliminación del financiamiento al PANI.

4 -Inconstitucionalidad de la derogatoria de leyes que garantizan recursos a FODESAF, CEN-CINAI, FOSUVI y otros programas sociales.

5 -Inconstitucionalidad por inconexidad de las amnistías tributarias incluidas a favor de deudores de instituciones como INDER, IFAM e IMAS.

6 -Inconstitucionalidad de artículo que incluye al INA y la Red de Cuido en el 8% del PIB para educación, justificando el incumplimiento de esta obligación.

7 -Inconstitucionalidad de las normas que derogan el financiamiento a las sedes regionales y otros programas de las universidades públicas, sin reponer estas fuentes por otras iguales o mejores.

8 -La consulta incluye el artículo 55 del Título III que suprime el derecho a la negociación colectiva en materia salarial y establece que la misma sólo será posible mediante ley. El Transitorio L establece la obligatoriedad de los jerarcas de instituciones públicas de denunciar las convenciones colectivas, limitando el derecho a renegociación o la prórroga automática.