Un estudio detallado revela que la institución no tiene los recursos necesarios para captar los impuestos que la ley le concede para su propio financiamiento y que representan el 87% del total de sus ingresos.

El departamento a cargo de esta tarea no sólo carece de los recursos humanos necesarios, sino que no cuenta con el reglamento para normar su funcionamiento ni con una estructura organizativa “debidamente formalizada”.

Tampoco está estructurada la Unidad de Ingresos de la Dirección Administrativa Financiera, que es la encargada de efectuar los cobros, señala el ente contralor.

“En este sentido, se determinó que actualmente la morosidad de las deudas por concepto de tierras entregadas a los beneficiarios alcanza el 56,0% del total, lo que equivale a ¢3.609,7 millones”, precisa el informe.

La Contraloría encontró además “debilidades en los sistemas de información vinculados con la gestión financiera del INDER”, lo que provoca atrasos en el desarrollo e implementación de los sistemas de información financiera y de cuentas por cobrar.

También se hallaron debilidades administrativas en la gestión y control de activos, que tienen un valor estimado de 5.973 millones de colones, por lo que dichos activos también se encuentran en riesgo.

Finalmente, la Contraloría advierte que el INDER podría llegar a enfrentarse a una situación de insolvencia financiera, debido a juicios que enfrenta en los tribunales relacionados con la expropiación de territorios indígenas.

En estos juicios están planteadas indemnizaciones por 35.046 millones de colones, que de tener que pagar la institución superarían ampliamente su ingreso anual, que es cercano a los 25.000 millones.

La Contraloría ordenó a la junta directiva y al presidente ejecutivo del INDER que procedan a subsanar las debilidades encontradas en relación con la gestión de cobro, la funcionalidad del departamento tributario, los sistemas de información y el control de activos.

También les ordenó tomar “las acciones necesarias para enfrentar los riesgos potenciales que conllevan los litigios en proceso”.