(Traducción libre al español de "La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France, sont des actes de guerre. Ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux blessés. Ils constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs, contre sa jeunesse, contre son mode de vie").

Aspectos de forma

Desde la perspectiva política, esta declaración responde a la emoción suscitada en la sociedad francesa por la violencia de los ataques realizados el 13 de noviembre pasado en París, su grado de coordinación, y por el impacto causado por la cobertura en cuanto a imágenes, testimonios, fotos (tanto en medios de prensa como en redes sociales): la sociedad francesa se encuentra profundamente conmocionada.

Ahora bien, desde la perspectiva jurídica, los atentados del 13 de noviembre están dando lugar al uso de términos raramente usados en el pasado por parte de las autoridades francesas para calificar actos muy similares en cuanto a su naturaleza, lo cual, merece ser señalado: el extender un mismo calificativo a situaciones distintas puede responder a un ejercicio que vaya mucho más allá de lo estrictamente emotivo.

En primer lugar, asistimos a una peculiar interpretación del concepto tradicional de "guerra", la cual supone un enfrentamiento bélico entre dos Estados: un Estado se declara en guerra contra otro Estado (y no contra un ente no estatal).

Más llamativo aún, otro término como el de "agresión", está igualmente dando lugar a una interesante interpretación (a nuestro juicio, riesgosa, como lo veremos a continuación): el recurrir, por parte de un Estado a usar la palabra “agresión” responde a una motivación particular  que los especialistas en derecho internacional conocen bastante bien. Esta motivación adquiere un significado particular cuando un Estado califica como acto de "agresión" un acto cometido por una entidad no estatal.

A diferencia del año 2001, en el que no existía definición alguna de este término debidamente consensuada por la comunidad internacional, hoy se cuenta con la definición de "agresión" adoptada en el 2010 en Kampala (ver texto oficial en los seis idiomas oficiales de Naciones Unidas) por parte de los Estados Partes a la Corte Penal Internacional (CPI): su revisión minuciosa indica que quedan excluidos de ella actos cometidos por entidades no estatales. La definición, acordada 9 años después del 11 de setiembre del 2001, se lee en los siguientes términos, y nos permitimos reproducirla en toda su extensión:

Artículo 8 bis. Crimen de agresión:

  1. A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un “crimen de agresión” cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.

  2. A los efectos del párrafo 1, por “acto de agresión” se entenderá el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. De conformidad con la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974, cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de agresión:

  1. La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él;

  2. El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado;

  3. El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado;

  4. El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea;

  5. La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo;

  6. La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado;

  7. El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial participación en dichos actos”.

Hemos revisado si la versión oficial en francés de esta misma definición acordada en el 2010 añade algún acápite adicional: para tranquilidad de nuestros lectores y de los especialistas en la materia, se mantiene sin añadido alguno. En otras palabras, no hay cómo sostener jurídicamente que actos cometidos por entidades no estatales califiquen como una agresión.

Una motivación apenas perceptible

Al revisar una y otra vez esta definición del término “agresión” acordada en el 2010, a la cual concurrieron 120 delegados de los Estados Partes al Estatuto de Roma, la actual motivación de Francia con relación al uso del término de “agresión” se deja entrever con mucha mayor claridad.  No es casualidad que el único Estado que se haya apresurado en apoyar a Francia a la hora de calificar los atentados ocurridos en París el pasado 13 de noviembre como "acto de guerra" fue Estados Unidos (ver nota de prensa): en su momento, Estados Unidos también le declaró la "guerra" al terrorismo, con todas las implicaciones que ello conllevó para justificar posteriormente su actuar.

Cabe recordar que los primeros bombardeos en Siria realizados por aviones militares de Francia se realizaron durante la mañana del domingo 27 de setiembre (ver nota de Le Monde). El día siguiente, 28 de setiembre, en su alocución ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el Presidente de Francia abogaba por la necesidad de excluir a las actuales autoridades de Siria de las negociaciones sobre el futuro de Siria (ver artículo de Le Monde).

En su discurso pronunciado en Nueva York (ver texto) se lee que: "Nous nous soutenons, la France, l’opposition syrienne, l’opposition démocratique. Nous la considérons comme la seule représentante légitime du peuple syrien. Et là-dessus, nous ne transigeons pas et nous ne faisons aucun compromis parce qu’il y aurait menace. Le régime de Bachar Al-Assad mérite tout autant d’être condamné car il est complice de ce qui s’est produit en Syrie depuis trois ans, 200 000 morts et combien de personnes déplacées".

Por su parte, Rusia condenó de manera vehemente, a través de su portavoz, estas acciones militares francesas indicando que este ataque contra ISIS -o Estado Islámico (EI)-, sin la autorización de las autoridades sirias ni la del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, constituían "el exterminio del derecho internacional ante los ojos" del mundo (según se lee en este cable de la agencia EFE reproducido en El Comercio). Como bien se sabe, el uso de la fuerza por parte de un Estado contra otro Estado es prohibido en derecho internacional, y esta prohibición ha sido jurídicamente consagrada en la misma Carta de las Naciones Unidas adoptada en 1945. La única excepción a esta regla la constituye la acción militar realizada en el ejercicio de legítima defensa, en respuesta a una agresión; o bien en el marco de una acción militar debidamente autorizada por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se considera que una acción militar que cuente con el consentimiento previo e informado del Estado cuyo territorio es objeto de operaciones militares es de igual forma válido, desde la perspectiva jurídica.

Una justificación cuestionable

El jefe de la diplomacia francesa justificó aquellas acciones aéreas haciendo referencia al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas (que prevé la figura de la legítima defensa), y lo hizo en los siguientes términos: "Nous avons frappé, il y a quelques jours et nous continuerons à le faire dans le cadre de la légitime défense de l’article 51 de la Charte des Nations unies. Il faut mener ces actions militaires et je dirai que de ce point de vue là un bilan lucide de ce que nous avons fait les uns les autres depuis maintenant plusieurs mois amène sans doute à des améliorations" (ver texto del discurso pronunciado el 29/09/2015 durante una cumbre sobre el terrorismo).

Estos bombardeos franceses de setiembre del 2015, que se justificaron con base en una interpretación bastante peculiar de la noción jurídica de legítima defensa, fueron antecedidos por los realizados por aviones de Australia, el 15 de septiembre (ver nota de The Guardian) y el primer bombardeo por parte del Reino Unido desde un dron, realizado el 7 de septiembre (ver nota del NYTimes): las autoridades británicas confirmaron que de los tres fallecidos, dos eran nacionales del Reino Unido sospechosos de combatir en la filas de ISIS (ver nota de prensa). La eliminación física de sospechosos de nacionalidad británica en Siria -no se registra, salvo error de nuestra parte, eliminación física de sospechosos de pertenecer a ISIS en Londres o en suelo británico- fue justificada por sus autoridades con base en otra (muy peculiar) interpretación de la noción de legítima defensa de un Estado: se lee en la nota precitada que "It was necessary and proportionate for the individual self-defence of the UK". En una carta enviada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el mismo 7 de septiembre del 2015 relacionada a un ataque similar en territorio de Siria del mes de agosto (ver texto ), Reino Unido justifica su accionar con razones similares: "On 21 August 2015 armed forces of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland carried out a precision airstrike against an ISIL vehicle in which a target known to be actively engaged in planning and directing imminent armed attacks against the United Kingdom was travelling. This airstrike was a necessary and proportionate exercise of the individual right of self-defence of the United Kingdom": la "iminencia" de un ataque armado ("imminent armed attacks") por parte de un grupo terrorista, justifica, según los diplomáticos del Reino Unido, el recurrir a la noción de legítima defensa, recordando la noción de "legítima defensa preventiva" defendida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a partir del 2001 para justificar sus acciones militares "anticipadas" en su denominada "guerra contra el terrorismo".

El riesgo actual para el derecho internacional

Más allá de estas interpretaciones un tanto antojadizas de principios básicos del derecho internacional que sostienen el frágil ordenamiento jurídico internacional  (al que participan varios Estados ante el silencio de gran parte de los demás), y de lo que podríamos denominar un sutil “glissement sémantique” al que ha procedido Francia en días recientes,  la dudosa legalidad de estos bombardeos aéreos  en Siria llevaron, por ejemplo, a las nuevas autoridades electas de Canadá a poner un término a estas operaciones en Siria y en Irak (ver nota de The Guardian) el pasado 21 de octubre del 2015. Autores canadienses habían estudiado la legalidad de estos ataques a Siria por parte de Canadá (ver artículo), concluyendo sin titubeos que: “However, there is a further legal hurdle for Canada to overcome. Unless Canada can attribute ISIS’ attacks in Iraq to Syria, then the question becomes whether Canada may lawfully target ISIS, as a nonstate actor in Syria’s sovereign territory, using the ‘unwilling or unable’ doctrine to prevent ISIS’ extraterritoriality attacks against Iraq. This justification moves significantly away from the Nicaragua, Congo and Israeli Wall cases’ requirement for attribution. There appears to be a lack of consensus on whether opinion juris and state practice have accepted the “unwilling or unable” doctrine as customary international law. There is no escaping: the conclusion that Canada’s air strikes on Syria are on shaky, or at least shifting, legal ground”.

Algunas voces en Francia han señalado en días recientes que este tipo de acciones militares en sí no resuelven mayormente la situación y pueden agravarla, debido a los daños a las poblaciones civiles que conllevan: se lee en un artículo de Le Monde que « pour gagner la guerre en France, il faut gagner la paix au Moyen-Orient », remarque le sociologue Edgar Morin, qui rappelle que les forces occidentales sèment également la désolation sur le théâtre des opérations avec leurs drones, bombardements et leurs cohortes de dommages collatéraux". A este respect, vale la pena recordar que los primeros bombardeos de Francia del 27 de setiembre en Siria mataron a 12 niños soldados (ver cable de la BBC titulado "IS conflict: French raid in Syria 'kills 12 child soldiers'" y artículo publicado en el Huffington Post).

Desde el punto de visto jurídico, en el mes de setiembre del 2014, un connotado especialista belga ya señalaba en un artículo (cuya lectura recomendamos), la similitud de los argumentos esgrimidos por Estados Unidos en el 2001 y en el 2014 con relación a intervenir militarmente en el territorio de otros Estados, bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo. Su artículo se titula precisamente " De la doctrine Bush à la doctrine Obama: le retour des guerres préventives".

Como bien se sabe, en materia de seguridad y de prevención, Estados Unidos y algunos de sus aliados como Israel, tienen una lectura muy peculiar de algunas reglas básicas del derecho internacional: la primera operación militar registrada aduciendo oficialmente actuar en "legítima defensa preventiva" fue el bombardeo por parte de Israel de una central nuclear en Irak en 1981 (la central de Osirak, construida por Francia). En el 2008, otro aliado de Estados Unidos, Colombia, se refirió a este mismo argumento para intentar justificar ante la comunidad internacional su operación comando en Ecuador en marzo del 2008 (operación denominada “Operación Fénix”).

En lo que respeta a Francia, permanece la duda de saber si sus autoridades evaluaron de manera rigurosa los riesgos de bombardear posiciones de ISIS en Siria; y si al hacerlo, aumentaron significativamente la vigilancia y la seguridad en su propio territorio ante las posibles (y previsibles) represalias que se tomarían en su contra. Tres días después de estos primeros bombardeos realizados el 27 de setiembre del 2015, un juez especialista en la lucha antiterrorista advertía en una entrevista en Paris Match (ver cita hecha en este artículo de Le Monde) que: "«J’ai acquis la conviction que les hommes de Daech [Etat islamique] ont l’ambition et les moyens de nous atteindre beaucoup plus durement en organisant des actions d’ampleur, incomparables à celles menées jusqu’ici. Je le dis en tant que technicien : les jours les plus sombres sont devant nous. La vraie guerre que l’EI entend porter sur notre sol n’a pas encore commencé.»

A modo de conclusión

El grado de coordinación de los atentados del 13 de noviembre indica que, pese a algunas medidas tomadas por las autoridades, tomó desprevenidas a varias unidades adscritas a la lucha antiterrorista y a los servicios secretos franceses. A modo de respuesta, el pasado 15 de noviembre, Francia procedió a nuevos bombardeos en Siria contra ISIS en respuesta a los atentados ocurridos en París. El 16 y 17 de noviembre una segunda y tercera oleada de bombardeos aéreos de Francia tuvieron lugar en Siria ver nota de Le Figaro).

El hecho que el primer canciller en visitar personalmente al Presidente en el Palais de Elysée después de los atentados (ver nota) fuera el Secretario de Estado norteamericano no debe sorprender: según todo pareciera indicar, la estrategia de Estados Unidos en su lucha contra los autores del 11/S cuenta ahora con entusiastas adeptos en Francia.

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
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