En mayo pasado, un grupo de alcaldes y funcionarios municipales se manifestaron contra la aplicación de la regla fiscal a los municipios.

Por Oscar Núñez Olivas - Nos reafirma, además, que entre los más activos en el lobby legislativo que obró esos milagros se encuentran los alcaldes que hoy aparecen vinculados a una investigación de la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción. El alcalde capitalino, Johnny Araya, al parecer ha liderado los movimientos para influir en los legisladores.

Entre los beneficios obtenidos por los municipios gracias a dicho tráfico de influencias, está la dispensa de la regla fiscal en 2020, con lo cual pudieron gastar hasta un 142% más del monto al que hubieran tenido que limitarse de haber estado sujetas a dicha disposición, como las demás instituciones públicas.

Otros beneficios mencionados por el artículo son el traslado a las alcaldías de ¢29.000 millones del presupuesto del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que eran para invertir en obra pública.

Convencieron a los diputados -dice- de trasladar ¢3.500 millones originalmente destinados a asistencia social en la zona sur -una de las más pobres del país- para gasto corriente de las municipalidades.

Además, obtuvieron autorización para que funcionarios municipales puedan perseguir el contrabando y han logrado hacer avanzar en el trámite legislativo dos proyectos para otorgarles potestades en la construcción de infraestructura escolar y de vivienda de interés social.

El artículo parece sugerir la existencia de un vínculo entre estas disposiciones legales que amplían la influencia y la capacidad financiera de las alcaldías con los hechos de corrupción que la Fiscalía ha atribuido recientemente a seis alcaldes, cinco de ellos del Partido Liberación Nacional (PLN).

Pero, como reza el dicho popular, el frío no está en las cobijas. La descentralización administrativa es un sistema de gobierno que ha funcionado bien en muchos países, porque ha permitido que los administradores estén más cerca de las necesidades e intereses de las comunidades.

En Finlandia, por ejemplo, dos tercios de los servicios públicos son brindados por los municipios. Manejan la educación, la salud pública y muchos otros y lo hacen con eficacia y eficiencia.

El problema de Costa Rica no es un régimen municipal fuerte, sino la corrupción rampante que se ha apoderado de las instituciones púbicas en general. Da lo mismo que el manejo de los recursos esté centralizado o no, porque de cualquier manera los corruptos en cualquier nivel hacen una piñata de lo que todos pagamos con nuestros impuestos.

Y llegando a este punto es bueno hablar claro y directo: la génesis de la corrupción en este país está en los partidos políticos y, de manera principal, en los partidos más viejos y grandes que son los que han ejercido el poder durante varias décadas.

Que el PAC haya ejercido la presidencia en los últimos ocho años, no significa que haya ejercido el poder real y no hago esta afirmación para dispensar responsabilidad a esa agrupación por las culpas que le pudieran corresponder.

Pero son el PLN y en cierta medida el Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) los que han seguido moviendo los hilos de la política nacional. Durante este periodo y desde mucho antes, han tenido las fracciones legislativas más grandes, han elegido magistrados, contralores, fiscales generales y siguen ejerciendo poder desde los mandos medios en muchas instituciones públicas descentralizadas y del gobierno central.

De hecho, en los escándalos de corrupción que se han dado recientemente, como los casos Cochinilla y Diamante, quienes han salido a relucir han sido personas vinculadas a esas agrupaciones políticas.

Pero la ecuación no estaría completa si no anotamos el otro lado, el de los corruptores, los propietarios de esos emporios levantados a costa del saqueo de los recursos públicos. Muchos de ellos están también ligados a esos partidos y hacen cuantiosas contribuciones a sus campañas electorales.

Lamentablemente, los votantes costarricenses siguen entregando altas cuotas de poder a partidos que han demostrado durante décadas un total desprecio por la honestidad y la transparencia en el manejo de la cosa pública.

Resulta más que ilustrativo -aunque no asombre- que el actual candidato presidencial de uno de esos partidos sea un político que huyó del país durante una década, esperando que se extinguiera cualquier posibilidad de ser encausado por un negociado oscuro, del que aún no ha dado explicaciones.

Y más aún el hecho de que, según las últimas encuestas, ese candidato se encuentre a la cabeza de las intenciones de voto, aunque con un porcentaje bajo del total que no es indicio claro, ni mucho menos, de que vaya a ganar las elecciones.