Pero, sí apoyé con la discreción debida ambas postulaciones, como era mi derecho constitucional y cívico. Tengo mi particular punto de vista sobre los dos gobiernos del PAC, que tienen algunas continuidades entre sí, pero también presentan diferencias. Intento ser riguroso al hacer el análisis, lo más apegado a los hechos y a los datos que con cuidado he acopiado, a fin de que mis reflexiones sean de utilidad para las personas que se han servido seguirlas.

Gobernar es siempre una tarea difícil para cualquier persona; el político debe poseer un gran sentido del equilibrio (lo que no significa ser un “equilibrista” que, desde mi óptica significa más bien ser un oportunista sin principios), lo digo en la acepción en que lo expresa magistralmente, Nicolás Maquiavelo, quien para mí fue el “Padre de la política moderna” cuando afirma en su obra “El Príncipe” que, el Jefe del Estado “(…) Debe ser prudente al creer y al actuar y no crearse miedos por sí mismo, y proceder de forma que, conciliando la prudencia y la humanidad, la excesiva confianza no lo vuelva incauto, y la excesiva desconfianza no lo vuelva insoportable”. (Cfr. Maquiavelo, Nicolás. “El Príncipe”. Espasa-Calpe, SA. Madrid. Undécima edición, 1967).

El gobernante se mueve en un territorio a veces indescifrable, en el que perviven multitud de voluntades contrapuestas o diversas y solo pocas veces convergentes. Desde el punto de vista social, debe lidiar con fuerzas cuyas motivaciones responden con frecuencia a sus intereses más básicos y primitivos que redundan en descarnadas luchas de poder, cuando no en comportamientos con raigambres culturales ancestrales. El mismo gobernante y su equipo forman parte de ese “maremágnum” social y cultural, por lo que, no es para nada ese “árbitro” con cuyo ropaje aparece revestido. En los regímenes democráticos posee, eso sí, una “legitimidad de origen”, como dicen los investigadores sociales Xavier Arboz y Salvador Giner, que es tanto más sólido cuanto más justas y competidas son las elecciones de las que resulta electo. Sin embargo, en el ejercicio del poder, puede perder esa legitimidad, pudiendo quedar tan solo con la formalidad del mandato en el que se originó su elección. También puede aumentarla, pero es lo menos recurrente.

Solo citaré el prólogo de La Editorial Siglo XXI al enjundioso trabajo: “La Gobernabilidad. Ciudadanía y democracia en la encrucijada mundial” de los mencionados autores, para mostrar la majestuosidad con que se describe el entramado (siempre complejo), de la política en las sociedades democráticas. “El orden político en los países democráticos se hace cada vez más difícil. Autoridades e instituciones se enfrentan con toda suerte de demandas. Se exigen de ellas respuestas inmediatas a cada uno de los retos que propone la intensa mudanza tecnológica, los anhelos igualitarios y económicos de la ciudadanía, las amenazas del paro, la inflación y la pobreza, la crisis ecológica y varios otros de igual gravedad.” Luego rematan diciendo con certeza: “Tal inflación de problemas y tareas parece desbordar las posibilidades de los gobiernos y agravar los males que ya aquejan a una sociedad civil atrapada entre la presión fiscal y los servicios deficientes.” (Cfr.https://www.sigloxxieditores.com).

El gobierno de Luis Guillermo Solís gozaba de amplia legitimidad, al inicio de su gestión merced a un triunfo arrollador en el “balotaje” (o segunda ronda electoral), sobre el PLN. Sin embargo, desde el inicio fue una nave intentando discurrir en aguas procelosas y bien tormentosas que resultaron, por cierto. Para empezar, los recibió una huelga de maestros y profesores, la cual había sido declarada al gobierno anterior de Laura Chinchilla, el 5 de mayo; es decir, tres días antes de que entrara el nuevo gobierno, cuya causa se originó debido al atraso de dos meses en el pago de los salarios que afectaba a unos 7.000 trabajadores de la educación. El problema en sí consistió en errores de tipo técnico en que se incurrió cuando se intentaba migrar datos a una nueva plataforma conocida como Integra 2, lo que dejó por fuera del pago de sus salarios a muchos docentes, especialmente a nuevos trabajadores de la educación. También se vieron perjudicados 6,000 profesores que recibieron salario incompleto. El conflicto unió a tres de las grandes organizaciones sindicales de ese gremio en el país, a saber: ANDE, APSE y el SEC. La huelga general en el magisterio se extendió desde el 5 de mayo del 2014, hasta el lunes 2 de junio del mismo año; fecha en que se firmó el acuerdo mediante el que se puso fin a la huelga. El finiquito se firmó entre los sindicatos del magisterio y las autoridades del Ministerio de Educación Pública, encabezadas por la ministra Dra. Sonia Marta Mora Escalante.

No obstante, los problemas no cejaron allí. El nuevo gobierno del PAC había sido alertado por la Contraloría General de la República sobre la gravedad de la crisis fiscal que atenazaba al gobierno central, aquejando a todo el sector público. El periódico “El Financiero”, hace público el propio 5 de mayo del 2014 un informe en el que se expresa lo siguiente: “El déficit del sector público alcanzó en el 2013 un 5.8% del Producto Interno Bruto (PIB). De ese porcentaje, un 5.4% es el faltante de dinero en las arcas del Gobierno Central (…) Para cubrir el faltante, el Gobierno ha debido endeudarse, y el monto de sus obligaciones cerró el 2013 en 13.6 billones de colones. Los pasivos del Gobierno representan el 36% de la producción, porcentaje que crece al 54.7% si se toma en cuenta a todo el sector público.” Y luego la propia contralora Marta Acosta, se dirige puntualmente al propio presidente de la República recién electo para advertirle que: “Se espera que para el 2014 esa deuda ronde el 39% del PIB, es decir estamos alcanzando niveles de insostenibilidad y se tiene previsto que para el 2015 vamos a rondar un 40%. Un 40% de deuda es insostenible y eso lo había dicho el Banco Central por allá del 2002-2004, cuando tuvimos esos niveles de deuda.” (Extra, 6.05.2014).

Además, según la encuesta de Hogares del INEC del 2014, el total de hogares pobres en el país representaba un porcentaje del 22,4%. De ellos un 6,7% eran hogares en pobreza extrema. Los datos muestran porcentajes de pobreza y pobreza extrema en el 2014, último año del gobierno de Laura Chinchilla, superiores a los porcentajes promedio de los últimos 24 años de pobreza general entre 1995 y 2019. (Cfr. Monge Pacheco, Bernal. La República.net). Con respecto a la desigualdad social ocurre otro tanto, veamos. Deseo emplear lo que llamo datos duros extraídos de estudios sin tacha desde el punto de vista académico; porque me interesa llegar hasta el fondo en esta materia, procurando la mayor transparencia y objetividad, que cuesta tanto alcanzarla. La verdad es huidiza por cuanto todos nos sesgamos según nuestros particulares valores y preferencias. Los datos que voy a mostrarles están basados en el estudio denominado: “La Desigualdad en Costa Rica y el Cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, publicado en 2017 y elaborado conjuntamente por las consultoras Diana León Espinoza y Gabriela Mata Marín, pertenecientes a la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales (FLACSO), la primera de ellas y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la segunda.

Del estudio extraemos las siguientes conclusiones:

1. América Latina es la región en el mundo más desigual. Costa Rica siempre había sido una excepción a la regla, pues los datos mostraban una mayor equidad social respecto del promedio de los países de América Latina, medida en términos del coeficiente de GINI. Empero, el estudio citado muestra que: “Para el año 2.000, Costa Rica presentaba un valor en el coeficiente de Gini de 0,474 frente a un promedio regional de 0,541. Sin embargo, para el año 2014, es decir, culminando el gobierno de Laura Chinchilla, la situación se había revertido, ya que mientras América Latina logró reducir en general las desigualdades en la distribución de ingresos, presentando un valor de coeficiente de Gini de 0,491, Costa Rica aumentó la desigualdad por encima del promedio de América Latina, al presentar un coeficiente de 0,505.” (Cfr. op. Cit. Pag.10)

2. Así mismo, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con base en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), para el 2016, apenas dos años después del gobierno Chinchilla Miranda, el coeficiente de Gini per cápita, se calculó en 0,521 a nivel nacional, lo cual representa un aumento (Mayor desigualdad per cápita), con respecto al 0,507 estimado para el 2010…” (Ibidem.)

3. Ordenando la información de otra forma, se muestra en la misma dirección que hemos resaltado que, en el mismo 2016, el 20% de los hogares con mayores ingresos, concentraba el 50.7% del total de los ingresos de las familias. Mientras que el quintil más pobre, o sea, el 20% con menores ingresos, recibía apenas el 3,9% de los ingresos totales de las familias.

Mis conclusiones parciales muestran que, si bien Costa Rica todavía durante el decenio de los 90, mantenía una equidad social más homogénea que el promedio de los países de América Latina, conforme creció nuevamente la deuda externa y aumentó el déficit fiscal, el país tenía que sacar cada vez más recursos frescos para hacerle frente a la deuda, disminuyendo proporcionalmente lo destinado a política social. Es así como se revierten los índices de desigualdad medidos en términos del coeficiente de Gini. Los responsables principales de este desaguisado fueron (de acuerdo a los datos que hemos mostrado) los gobiernos del PUSC de fines de los noventa y principios de la actual centuria, y los dos del PLN entre 2006 y 2014. O sea, todo este retroceso en lo social y económico fue producto de las políticas públicas implementadas en estos gobiernos mencionados.

En principio diré que, no parece que los dos gobiernos del PAC hayan logrado revertir estas tendencias de manera contundente. Aunque ambos gozaron de bastante legitimidad de origen, vieron erosionada su fuerza política en el curso de una acción que no les permitió contar con un buen bagaje político en la Asamblea Legislativa, ni lograron tampoco apalancarse con y desde fuerzas de la sociedad civil.

Ambos gobiernos comenzaron reitero, contando con “gobernabilidad”, pero ninguno de los dos logró acercarse a lo que se llama en ciencia política una “gobernanza”; un concepto politológico que tiene que ver más con la base de sustento que proviene de lograr la participación ciudadana o “acción ciudadana”, para ponerlo en términos del propio PAC. Para decirlo de manera más explícita y simple si se quiere, añado que la “Gobernanza” pone el acento en el proceso de la acción política antes que en el sujeto, asimismo apunta antes que a la capacidad del gobierno individualmente considerado, a la capacidad del gobierno más la de la sociedad; se parte del supuesto de que la sociedad no es ingobernable, sino que tiene capacidad de autogobierno y por ende, los ciudadanos no son objeto del gobierno, sino que son tomados como sujetos de gobierno; de ahí que deba prevalecer siempre la coordinación entre el gobierno y la sociedad civil. Algunos autores se refieren a la “Gobernanza” como una suerte de “Gobernabilidad democrática”. (Cfr. Joan Baptista Prats i Catalá) (Continuará)